Por Matías Pintos*
Por décadas, la diplomacia argentina entendió que la soberanía nacional no se declama: se ejerce con coherencia y dignidad. Sin embargo, el reciente e intempestivo giro de Javier Milei sobre las Islas Malvinas —pasando de la escandalosa condescendencia de la "autodeterminación de los isleños" a una repentina furia antiusurpación por el control de los hidrocarburos— no responde a un rapto de fervor patriótico. Responde a una receta tan vieja como peligrosa: manosear la causa más sagrada de los argentinos para surfear la debilidad política interna y el desgaste de la gestión. Una maniobra que, inevitablemente, resuena con fuerza a los peores fantasmas de otra época
El archivo reciente del presidente es implacable y expone la impostura. En abril, Milei nos explicaba que el camino era el "respeto a la voluntad" de una población implantada. Proponía una suerte de seducción de mercado donde los isleños elegirían voluntariamente ser argentinos gracias al supuesto éxito de su programa económico. Pero de la noche a la mañana, acorralado por las tensiones sociales y la realidad económica, el mandatario descubrió la ilegalidad del proyecto petrolero Sea Lion, dictó el Decreto 868/2026 y apeló a la fibra nacionalista.
Este viraje no nace de una súbita lectura de la Constitución, sino de su condición de satélite geopolítico de Donald Trump. El gobierno argentino solo se anima a endurecer el discurso porque el magnate estadounidense puso en duda el respaldo automático de Washington a Gran Bretaña. Es aquí donde el reclamo se devela como una soberanía tercerizada: una defensa de la patria tutelada, subordinada y dependiente del guiño del patrón del norte. No es una política de Estado autónoma, sino un subproducto de la agenda de la Casa Blanca. Reclamar las Malvinas únicamente cuando una potencia extranjera nos da el permiso táctico para hacerlo no es patriotismo; es, apenas, cipayismo ilustrado.
La historia argentina ya conoce este libreto. La instrumentalización de Malvinas como un salvavidas político evoca directamente a la última dictadura militar de 1982, cuando un régimen acorralado intentó ocultar el colapso económico y social detrás de una bandera legítima.
Hoy, la sociedad civil parece advertir este juego de espejos con la misma madurez que le falta a sus líderes. Los datos de opinión pública reflejan una marcada desconfianza ciudadana hacia este repentino giro oficial: un 61% de los argentinos considera que el cambio de discurso responde puramente a una conveniencia política, mientras que un 51,6% afirma no creerle ni confiar en el presidente frente a esta convocatoria nacionalista. La historia demuestra que la fibra íntima de un pueblo no se deja manipular tan fácilmente; cuando se intenta usar Malvinas como un escudo para tapar los golpes de la realidad socioeconómica, el veredicto de la calle suele ser tan contundente como implacable.
*Abogado y periodista
