Zarza avanza sobre el Concejo de Esperanza, bloquea gastos y expone una interna al rojo vivo

En una jugada de alto voltaje político e institucional, el intendente de Puerto Esperanza, Horacio Zarza, avanzó con un paquete de medidas que redefine el funcionamiento del Concejo Deliberante y deja al descubierto una fuerte interna dentro del municipio.

A través de la Resolución N° 04 y el Decreto N° 06, publicadas este viernes 27 en el Boletín Oficial, el jefe comunal no solo estableció un esquema estricto de control del gasto, sino que directamente prohibió al Concejo ejecutar acciones que impliquen manejo de fondos públicos más allá de su funcionamiento administrativo.

El eje de la ofensiva es claro: centralizar la ejecución del gasto en el Departamento Ejecutivo y cortar de raíz cualquier práctica que, según el propio decreto, exceda las competencias del órgano legislativo.

En ese sentido, Zarza dispuso que toda compra, contratación o pago —incluidos los del Concejo Deliberante— deberá tramitarse obligatoriamente a través de la Secretaría de Administración y Hacienda, con intervención previa de la Contaduría y la Tesorería. Sin ese circuito, no habrá reconocimiento ni pago.

Pero el decreto va más allá y explicita el trasfondo del conflicto. El intendente denuncia la existencia de “prácticas administrativas irregulares” por parte del Concejo, como la entrega de vales de combustible, mercaderías, subsidios en dinero y otras ayudas directas, muchas veces dispuestas por la presidencia del cuerpo sin tratamiento legislativo.

Para el Ejecutivo, estas acciones constituyen “una clara desviación de poder” y un incumplimiento de la Carta Orgánica, al asumir funciones propias del gobierno municipal. Incluso, el texto es aún más contundente: habla de un esquema comparable a una “municipalidad paralela”.

En ese marco, el Decreto N° 06 establece una prohibición expresa: el Concejo Deliberante no podrá disponer, ejecutar ni comprometer gastos vinculados a asistencia social, entrega de bienes, subsidios, obras o servicios. Toda acción en ese sentido será considerada “nula de nulidad absoluta”.

Además, se ordena a las áreas administrativas rechazar cualquier gasto proveniente del Concejo que exceda sus funciones, bloqueando en la práctica cualquier intento de ejecución por fuera del Ejecutivo.

La medida también fija límites precisos: el Concejo solo podrá realizar gastos vinculados a su funcionamiento institucional y actividad legislativa. Cualquier intervención en políticas públicas queda vedada.

El paquete normativo incorpora, además, un capítulo de fuerte presión sobre los funcionarios. Se establece que quienes autoricen o participen en gastos irregulares podrán enfrentar responsabilidades administrativas, patrimoniales —incluido el reintegro de fondos— y hasta eventuales denuncias penales por incumplimiento de deberes.

Incluso se instruye a la Contaduría y a la Secretaría de Hacienda a informar al Tribunal de Cuentas cualquier irregularidad detectada, reforzando el carácter disciplinador de la medida.

En paralelo, el Ejecutivo fija un único canal para la asistencia social: cualquier ayuda económica o entrega de bienes deberá tramitarse exclusivamente a través del municipio, con informes socioambientales, verificación de vulnerabilidad y cumplimiento de los procedimientos de contratación y rendición.

En términos formales, Zarza fundamenta su decisión en la Carta Orgánica Municipal, la Ley de Contabilidad de la provincia y las normas del Tribunal de Cuentas. Pero en el plano político, la señal es inequívoca.

La combinación de controles administrativos, prohibiciones expresas y advertencias de sanciones configura un intento de ordenar —y al mismo tiempo disciplinar— al Concejo Deliberante.

El conflicto ya no es técnico ni burocrático. Es una disputa de poder: quién administra los recursos, quién ejecuta las políticas y hasta dónde llega cada órgano dentro del municipio.

Con estas medidas, el intendente no solo busca el control total del gasto. También fija una línea clara en la interna política de Puerto Esperanza, donde la discusión institucional se trasladó de lleno al terreno de la caja pública.