Una Ley propone más controles para edificios y barrios cerrados en Misiones

La diputada provincial Rita Flores, del bloque Por la Vida y los Valores, presentó este jueves en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley que propone establecer un nuevo marco regulatorio para los consorcios de propietarios y los conjuntos inmobiliarios de la provincia.

La iniciativa busca ordenar el funcionamiento de estas organizaciones mediante la creación de un régimen específico que otorgue personería jurídica a los consorcios, establezca un registro provincial de administradores y cree mecanismos administrativos para la resolución de conflictos, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y transparencia.

Uno de los principales ejes del proyecto consiste en que los consorcios de propietarios y los conjuntos inmobiliarios pasen a inscribirse ante la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público, organismo que sería la autoridad de aplicación de la futura ley. Además de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad, deberán contar con personería jurídica conforme al nuevo régimen provincial.

La propuesta también establece que los reglamentos de copropiedad deberán contener información básica como la denominación del consorcio, el domicilio legal y un patrimonio inicial equivalente, como mínimo, al dos por ciento de la valuación fiscal del inmueble. Asimismo, limita expresamente el objeto de estas personas jurídicas a la administración de los bienes y servicios comunes y al cumplimiento del reglamento de propiedad horizontal.

Registro obligatorio para administradores

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal en el ámbito de la Dirección General de Personas Jurídicas.

Quienes ejerzan esa actividad deberán inscribirse acreditando su identidad, domicilio legal, matrícula comercial o constitución societaria, además de constituir una garantía de caución destinada a responder por el cumplimiento de sus obligaciones.

La iniciativa no establece aranceles ni crea nuevos tributos, aunque sí incorpora nuevas exigencias administrativas para quienes administren edificios y conjuntos inmobiliarios.

Mediación antes de llegar a la Justicia

El proyecto también incorpora un procedimiento de resolución administrativa obligatoria para los conflictos derivados del régimen de propiedad horizontal.

De aprobarse, las controversias entre propietarios o vinculadas al reglamento interno deberán pasar previamente por una instancia administrativa cuya reglamentación quedará en manos del Poder Ejecutivo, antes de ser llevadas a la Justicia.

Además, los consorcios y barrios privados que ya se encuentren constituidos dispondrán de un plazo de 120 días, prorrogable por otro período igual, para adecuarse a la nueva normativa provincial.

Los fundamentos

En los fundamentos del proyecto, Flores sostiene que el Código Civil y Comercial reconoció a los consorcios de propiedad horizontal como personas jurídicas, pero considera que aún persisten dificultades para su identificación, funcionamiento y control.

Según explica, la ausencia de un registro específico dificulta la obtención de documentación, la contratación con terceros y el acceso a información básica sobre estas entidades, lo que genera inseguridad jurídica tanto para propietarios como para terceros interesados.

La diputada también señala que resulta necesario profesionalizar la actividad de los administradores de consorcios mediante un registro oficial y crear herramientas más ágiles para resolver los frecuentes conflictos de convivencia que se producen en edificios y conjuntos habitacionales, evitando que todas las controversias deban resolverse en sede judicial.

Finalmente, el proyecto sostiene que la iniciativa permitiría fortalecer la seguridad jurídica de los emprendimientos inmobiliarios y favorecer nuevas inversiones en complejos habitacionales con espacios comunes compartidos, al tiempo que dotaría a la provincia de una legislación que, según sus fundamentos, no tiene antecedentes con este alcance en otras jurisdicciones del país.