Organizaciones nucleadas en la Mesa Socioambiental Misionera enviaron notas formales a los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. En las misivas, solicitan formalmente su voto negativo al proyecto de ley “De inviolabilidad de la propiedad privada”, cuyo tratamiento parlamentario es inminente. Las entidades advierten que la iniciativa busca derogar la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, lo que generaría un “impacto directo y devastador para la provincia”.
“Esa Honorable Cámara debate un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que, bajo el nombre eufemístico de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, implica en los hechos la derogación encubierta de la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre Tierras Rurales, sancionada en 2011 con amplia mayoría parlamentaria”, señala el documento enviado a los representantes misioneros.
Ante este escenario, las organizaciones fueron tajantes: “Le solicitamos que vote en contra de esta iniciativa, o en su defecto la devuelva a comisión para un debate amplio que incluya a provincias, comunidades rurales, pueblos originarios y expertos”.
Los escritos presentados reflejan, con datos concretos, el severo impacto que tendría la nueva normativa en el territorio provincial y especialmente en la familia agraria yerbatera. “Lo que está en juego no es una abstracción jurídica: es el futuro de la tierra misionera, la supervivencia de miles de familias yerbateras y la soberanía territorial de nuestra provincia”, advierten.
Este escenario se ve agravado por la crisis del sector yerbatero. Las organizaciones denuncian que la apertura de importaciones y la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —cuyo rol clave en la fijación de precios protegía a tareferos y pequeños productores— han golpeado duramente la economía regional.
Sin el paraguas legal de la Ley 26.737, los misioneros se quedarían sin herramientas jurídicas para resistir este avance. “Lo que el gobierno denomina ‘atracción de inversiones’ es, en realidad, una transferencia de patrimonio nacional a manos privadas extranjeras, privando a las generaciones futuras de la posibilidad de decidir sobre su propio territorio”, argumentan.
