SOEMP: denuncian intento de eliminar la “ficha limpia” sindical y piden anular asamblea

La interna del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (SOEMP) ingresó en una etapa de máxima tensión a pocos meses de las elecciones previstas para octubre, cuando los afiliados deberán elegir nuevas autoridades gremiales. Una asamblea extraordinaria convocada por la actual conducción terminó envuelta en fuertes cuestionamientos, denuncias de irregularidades, momentos de tensión y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y distintos sectores opositores.

El eje del conflicto gira alrededor de la reforma de la Carta Orgánica del sindicato, particularmente de la modificación del artículo 14 inciso F, que actualmente establece como requisito para integrar la Comisión Directiva no contar con causas judiciales pendientes.

Desde los sectores opositores sostienen que el cambio busca eliminar una especie de “ficha limpia” sindical para permitir la participación de dirigentes que hoy se encontrarían impedidos de competir. Por el contrario, la conducción encabezada por Hugo Javier Ferreyra argumenta que la reforma busca adecuar el estatuto al principio constitucional de inocencia y que una persona no debería quedar inhabilitada por el solo hecho de tener una causa judicial sin una condena firme.

La discusión se produce en un momento particularmente sensible: el calendario electoral del gremio ya está en marcha y distintas listas comenzaron a posicionarse para disputar la conducción del sindicato, que representa a más de 3.800 trabajadores municipales de la capital provincial.

Acusaciones de “fraude electoral” y pedido de nulidad

Uno de los cuestionamientos más duros fue planteado por el precandidato a secretario general Rubén Maciel, quien calificó lo ocurrido como una asamblea inválida y adelantó que solicitarán la intervención de las autoridades laborales.

“Viendo todo lo que sucedió hoy, el Ministerio de Trabajo va a tener que actuar urgente y declarar la nulidad total de este mamarracho, que ni siquiera puede llamarse asamblea”, afirmó.

Según su versión, durante la reunión no se respetaron los mecanismos básicos de funcionamiento: sostuvo que no se leyó formalmente el orden del día, que los afiliados no pudieron conocer en detalle las modificaciones propuestas y que no existió un espacio real de discusión.

“La gente hizo el esfuerzo de venir a participar, escuchar y debatir, pero no nos permitieron hacerlo. Cambiar reglas fundamentales en medio de un proceso electoral genera muchas sospechas”, señaló.

En la misma línea se expresó César Barros, actual revisor de cuentas y referente de otro espacio opositor, quien fue más allá y habló de un posible “fraude electoral”.

“Quieren modificar reglas fundamentales justo antes de una elección. También buscan cambiar artículos que les permitirían acomodar situaciones vinculadas a integrantes de la conducción actual”, denunció.

Barros aseguró además que presentará acciones judiciales para intentar frenar los cambios estatutarios.

Una oposición fragmentada, pero unificada contra la reforma

La polémica generó un hecho poco habitual dentro del gremio: distintos sectores que competirán entre sí en las elecciones de octubre coincidieron en cuestionar el avance de la reforma.

La precandidata Laura González afirmó que la convocatoria se realizó con escaso margen de anticipación y sin brindar información suficiente a los trabajadores sobre los cambios que se pretendían aprobar.

“Muchos compañeros no pudieron participar porque estaban trabajando. Además, nunca se explicaron claramente los artículos que se querían modificar ni los motivos de esos cambios”, sostuvo.

Por su parte, Graciela Benítez, ex secretaria adjunta del sindicato y también precandidata a la conducción del SOEMP, consideró que la modificación del artículo referido a las causas penales no tiene justificación porque, según sostuvo, la normativa actual ya se encuentra en línea con la legislación vigente.

“La preocupación principal es preservar la institucionalidad del sindicato y que las modificaciones no respondan a intereses personales”, planteó.

Una asamblea atravesada por incidentes y acusaciones de agresiones

La jornada estuvo marcada además por un clima de fuerte confrontación. Afiliados que permanecieron dentro y fuera de la sede gremial denunciaron empujones, insultos y un ambiente hostil durante el desarrollo del encuentro.

Uriel Rodríguez, trabajador municipal, cuestionó la forma en que se llevó adelante la reunión y afirmó que los afiliados fueron privados de un debate genuino.

“Como socios tenemos derecho a escuchar, debatir y votar. Lo que menos ocurrió fue eso. Nos atropellaron y nos agredieron”, aseguró.

El trabajador también vinculó la crisis interna del gremio con el complejo contexto económico que atraviesan los empleados municipales.

“Los trabajadores la estamos pasando muy mal. Las condiciones laborales no mejoran y, mientras tanto, estamos discutiendo cuestiones que parecen enfocadas en la continuidad de quienes están en el poder”, expresó.

La defensa de la conducción

Desde el sector que conduce Hugo Ferreyra rechazaron las acusaciones y sostienen que la reforma tiene un objetivo institucional más amplio.

El secretario general explicó que, además del artículo relacionado con antecedentes judiciales, existen otros puntos de la Carta Orgánica que buscan actualizarse por haber quedado desfasados con el paso del tiempo. Entre ellos mencionó artículos vinculados al antiguo servicio militar obligatorio, la afiliación de jubilados y cuestiones administrativas relacionadas con el manejo de los recursos del sindicato.

Respecto del punto más controvertido, Ferreyra defendió la modificación bajo el argumento de que una simple denuncia o causa abierta no debería impedir el ejercicio del derecho a ser elegido.

“No está bien que alguien no pueda ser candidato solamente por tener una causa penal. Todos somos inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria”, argumentó.

Una elección que se anticipa caliente

El conflicto deja al descubierto una profunda disputa por el control del sindicato municipal más importante de Posadas. Con elecciones previstas para octubre, la pelea ya no se limita a una discusión administrativa sobre el estatuto, sino que refleja una lucha por el modelo de conducción del SOEMP y por el futuro del gremio.

En los próximos días podría abrirse un nuevo frente judicial y administrativo si prosperan los pedidos de nulidad de la asamblea. Mientras tanto, la conducción defiende la necesidad de actualizar la Carta Orgánica y la oposición denuncia que se intenta modificar las reglas del juego en medio de una carrera electoral que recién comienza y que promete meses de alta conflictividad dentro del sindicato municipal.