Se reactivan los colectivos en Posadas y crece la presión por garantizar el servicio

Luego de casi dos días de conflicto que afectaron de manera directa a miles de usuarios, el servicio de transporte urbano comenzó a restablecerse de forma paulatina en Posadas, Garupá, Candelaria y Oberá, tras la decisión de los choferes de levantar la retención de tareas que había paralizado la circulación de colectivos en gran parte de la provincia.

La medida de fuerza, que se extendió por más de 40 horas, tuvo como eje el incumplimiento en el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo. A partir de avances en las negociaciones y compromisos asumidos por las empresas, los trabajadores retomaron sus funciones, lo que permitió que las unidades comenzaran a reincorporarse progresivamente al servicio.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron a Primera Edición que se alcanzó un principio de acuerdo con el grupo empresario responsable, lo que destrabó el conflicto y habilitó el inicio de la normalización del sistema. En ese marco, señalaron que el restablecimiento será gradual, con frecuencias que se irán regularizando con el correr de las horas.

Durante la tarde de este viernes comenzaron a registrarse los primeros movimientos en puntos clave, como la estación de transferencia de Quaranta, donde el ingreso de unidades marcó el inicio de la recuperación del servicio en el área metropolitana.

De acuerdo con trabajadores del sector, en algunas empresas se concretó el pago total de los salarios adeudados, mientras que en otras se abonó parcialmente, junto con el compromiso de cancelar el resto antes de finalizar la jornada. Este escenario derivó en un acuerdo interno entre delegados y choferes para retomar la actividad, aunque inicialmente con una menor cantidad de unidades en circulación.

En este contexto, desde el sector advirtieron que el funcionamiento podría presentar algunas irregularidades hasta alcanzar la plena normalización de frecuencias y recorridos. No obstante, el regreso de los colectivos representa un alivio inmediato para los usuarios, al tiempo que reabre el debate sobre la responsabilidad empresarial y el rol del Estado en la garantía de un servicio público esencial.