Nación evalúa cobrar a extranjeros por servicios de salud pública

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Imagen ilustrativa. / Foto: MisionesOpina

El Gobierno del presidente libertario Javier Gerardo Milei estudia implementar tarifas para el acceso a la universidad y servicios de salud pública para extranjeros, en un intento por priorizar a los ciudadanos argentinos en un país con alto índice de pobreza. El anuncio coincide con el debate sobre el veto a la ley de financiamiento educativo en el Congreso.

En un contexto de ajuste económico, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno está considerando implementar tarifas para el acceso a la universidad y los servicios de salud pública en el caso de extranjeros. En una entrevista con Radio Mitre, Francos argumentó que la medida busca priorizar a los argentinos en situación de necesidad. «Con un 53% de pobreza, ¿es justo que estemos ofreciendo servicios a extranjeros?», cuestionó.

Debate sobre el veto a la ley de financiamiento educativo

El anuncio coincide con el debate en el Congreso sobre el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo. Tras una multitudinaria marcha universitaria, el Gobierno busca desviar la atención hacia la propuesta de arancelar servicios para extranjeros. Francos remarcó que es necesario ser más conscientes del uso de los recursos públicos.

Críticas a la oposición y justificación del veto

Francos criticó a la oposición por su rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario. En declaraciones a Radio Con Vos, desafió a la oposición a indicar de dónde provendrían los fondos necesarios. Argumentó que la intención del Gobierno es asegurar un gasto estatal eficiente y responsable.

El presidente Javier Milei, según Francos, no está preocupado por las implicancias políticas de estas decisiones, ya que no actúa como un "político clásico" que evalúa el costo-beneficio de sus medidas.

Posibles consecuencias del cobro a extranjeros

La propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. Algunos sectores advierten que podría afectar las relaciones diplomáticas con países vecinos y limitar el acceso a servicios esenciales para residentes extranjeros.

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