Luego de frenar la reforma, la Justicia exige al Gobierno financiar universidades

Después del traspié judicial que sufrió el Gobierno con la reforma laboral, la Casa Rosada recibió ahora otro fuerte revés en los tribunales: la Justicia ratificó que el Poder Ejecutivo debe ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario y recomponer partidas clave para el sistema público de educación superior.

La decisión fue tomada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación del Gobierno Nacional de La Libertad Avanza (LLA) y confirmó la medida cautelar que ya había sido dictada en primera instancia. De este modo, el Ejecutivo quedó obligado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

El fallo representa un nuevo límite judicial para la estrategia oficial de frenar normas sancionadas por el Congreso. En este caso, los camaristas Sergio Fernández y Jorge Morán no solo rechazaron los planteos del Estado, sino que además cuestionaron la consistencia de la apelación, al considerar “poco serios” los agravios presentados por el Poder Ejecutivo.

Los jueces también pusieron el foco en uno de los principales argumentos del Gobierno: el supuesto costo fiscal de aplicar la ley. Según remarcaron, el impacto presupuestario de la cautelar es bajo y no compromete de manera sustancial el interés público. Por el contrario, señalaron que lo que está en juego es un derecho central consagrado por la Constitución, como el acceso a la educación superior pública.

La cautelar original había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades nacionales.

En esa resolución, Cormick había cuestionado el Decreto 759/2025, firmado por el Gobierno para suspender la ejecución de la Ley 27.795 hasta que se determinaran recursos específicos para financiarla. Para el magistrado, ese decreto mostraba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y configuraba una omisión clara en el cumplimiento de una obligación legal.

La postura oficial, en cambio, fue que la ley no podía ejecutarse sin una definición previa de sus fuentes de financiamiento y sin la incorporación de las partidas al Presupuesto nacional. Además, el Ejecutivo sostuvo que se trata de una cuestión reservada al Congreso y no al Poder Judicial. Sin embargo, la Cámara descartó esos argumentos y ratificó la validez de la cautelar.

Desde el ámbito universitario, la resolución fue celebrada como una señal contundente. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que el Poder Ejecutivo “debe cumplir con la ley vigente” y advirtió que desconocer la orden judicial podría derivar en un caso de gravedad institucional. También volvió a poner el foco en la crisis salarial del sector y afirmó que la mayoría de los trabajadores universitarios se encuentra por debajo de la canasta básica.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades viene escalando desde 2024, con movilizaciones masivas, marchas federales y una creciente tensión política. La aprobación de la ley de financiamiento, su posterior veto y la decisión oficial de frenar su aplicación por decreto terminaron trasladando la disputa al terreno judicial.

Ahora, con este nuevo fallo, la Justicia vuelve a marcarle la cancha a la administración de Javier Gerardo Milei. En medio de una seguidilla de derrotas en tribunales, el Gobierno enfrenta otra resolución que cuestiona su margen para desactivar por vía administrativa leyes ya aprobadas y vigentes. Y en este caso, además, lo hace sobre un tema especialmente sensible: el financiamiento de las universidades públicas.