Reforma laboral recorta la coparticipación: $60 mil millones menos a Misiones

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei avanza en el Congreso con efectos que exceden largamente el plano de las relaciones laborales. Detrás de los artículos que el oficialismo logró encaminar en el Senado, se configura un cambio de fondo en la estructura impositiva que impactará de lleno en las finanzas de las provincias.

Para Misiones, el impacto proyectado es contundente: la provincia dejaría de percibir $59.756.411.600 en concepto de recursos coparticipables, una cifra que la ubica entre los distritos alcanzados por el nuevo esquema que propone la iniciativa.

Un informe técnico de impacto fiscal al que accedió MISIONES OPINA analiza en detalle las consecuencias del Proyecto de Ley de Modernización Laboral sobre la recaudación nacional y la distribución de fondos hacia las jurisdicciones subnacionales. El documento es claro: la combinación de rebajas impositivas, eliminación de tributos y recortes en aportes a la seguridad social constituye, en los hechos, una reforma tributaria indirecta que reduce de manera significativa la masa coparticipable.

El eje central de la preocupación para Misiones y el resto de las provincias está en la caída de los recursos que integran el régimen de coparticipación federal. Según el análisis, la pérdida se explica principalmente por la reducción del Impuesto a las Ganancias que tributan las sociedades, la eliminación del impuesto cedular y la derogación parcial de impuestos internos que hoy nutren las arcas provinciales.

En números, el informe estima que el monto total de recursos afectados para distribuir entre las provincias asciende a $3.187 billones, calculado en función de los coeficientes vigentes del Consejo Federal de Inversiones para el año 2026. Con un índice de participación del 0,01874838, Misiones enfrentaría una merma cercana a los $60 mil millones anuales.

Alivio para empresas, presión para las provincias

Uno de los puntos más sensibles señalados en el documento es la reducción de las contribuciones patronales, tanto la contemplada en el artículo 163 del proyecto como la vinculada al financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral. Aunque estas medidas son presentadas por el Gobierno nacional como un alivio para el sector empleador, el informe advierte que generan una pérdida sustancial de recursos para la seguridad social y tensionan el esquema general de financiamiento del Estado, con efectos indirectos sobre las provincias.

A este cuadro se suma la rebaja de tres puntos en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades y la virtual eliminación del impuesto cedular, dos modificaciones que explican una parte significativa de la caída en los ingresos coparticipables.

El paquete incluye además la derogación de impuestos internos que gravan actividades y bienes como seguros, telefonía, artículos suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves, ampliando el alcance del impacto fiscal.

Desde una perspectiva macroeconómica, el costo fiscal total del conjunto de medidas equivale al 1,278% del Producto Bruto Interno, de acuerdo con las estimaciones realizadas sobre el PBI proyectado para 2026.

Si bien el Gobierno nacional minimiza el efecto y sostiene que se trata de una apuesta para fomentar la formalización del empleo, el informe muestra que la reducción de recursos para las provincias es concreta y transversal, sin distinción por signo político.

En el ranking de distritos más perjudicados, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista con una pérdida superior a los $397 mil millones, seguida por Santa Fe y Córdoba.

El documento concluye con una advertencia clave: si la reforma es aprobada en estos términos, el impacto fiscal no se sentirá de manera inmediata, pero sí tendrá carácter estructural, condicionando las cuentas provinciales durante los próximos años.