El Senado aprobó las modificaciones y la Reforma Laboral es ley

Producto del excelente resultado electoral del 26 de octubre y la cosecha posterior hasta -y pasando- el 10 de diciembre, que dejó un oficialismo libertario con mucha musculatura política, La Libertad Avanza se alzó ayer viernes con la última de las leyes conseguidas en las dos etapas de este período extraordinario. Fue cuando a las 22.35 de ayer viernes 27 de febrero el Senado convirtió en ley el proyecto de Modernización Laboral, por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, cerrando así un exitoso raid legislativo de este verano 2025/2026.

Con la aceptación de la modificación hecha en la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero, la reforma laboral se convirtió en el séptimo tema aprobado por el oficialismo en el Congreso con la nueva conformación del mismo.

El texto se aprobó al cabo de una sesión extensa, que arrancó con otro éxito oficialista: la aprobación de la Ley Penal Juvenil, que también fue ley. Ambas leyes formarán parte del discurso del domingo que dará Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 145° período ordinario. En el mismo insistirá en autodefinirse como “el presidente más reformista de la historia”, y exhibirá las normas aprobadas en este tiempo como prueba de ello.

Este debate arrancó con la convicción de que, tuviera el resultado que tuviera la votación, el proyecto de Modernización Laboral sería ley. Es que a la hora de votar se haría para aceptar la modificación de la Cámara baja, o insistir en la versión original. La ley no podía ser rechazada. Cuando la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, hizo hincapié en destacar eso, se generó la última polémica de este período extraordinario. Es que la titular del Cuerpo dijo que votarían por la aceptación de las modificaciones, o la negativa a las modificaciones del proyecto de ley. Pidió la palabra entonces el presidente del interbloque Popular, José Mayans, para aclarar que ellos estaban en contra tanto de lo aprobado por el Senado, como lo que venía de Diputados. “No estamos a favor”, dijo el formoseño, mientras Villarruel insistía en que no estarían votando en contra del proyecto.

Intervino la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que por una vez coincidió con Mayans: “Es razonable lo que estamos discutiendo. Esa opción ha quedado restringida”, argumentó, mientras que la vicepresidenta de la Nación aclaró que estaba haciendo lo que establece el artículo 81° d la Constitución Nacional. “No tenemos otra opción”, dijo, y el senador Fernando Salino aportó lo suyo para que la confusión creciera: “Cuando el miembro informante dio su discurso, dijo que 'está en consideración el proyecto'. Nosotros votamos en contra del proyecto; el miembro informante lo entendió de entrada. A esa consideración votamos negativo”.

Finalmente se cortó por lo sano, con este razonamiento: “Estamos hablando de un dictamen; o se insiste con el dictamen, o no… Cada uno le da el simbolismo que quiere”. Y antes de votar, pidió la palabra el santacruceño José María Carambia, que recordó que ellos habían votado en contra la vez pasada, pero pensaban que ahora el proyecto era mejor, sin el artículo 44°. Pero como seguían estando en contra de la ley, esta vez se abstendría con su compañera de bloque Natalia Gadano.

El debate

Ya el debate había empezado complicado: justo antes de comenzar, el senador peronista Mariano Recalde presentó una moción para que el proyecto volviera a comisión, invocando  el Acuerdo Comercial Mercosur – UE, que en uno de sus puntos establece que ninguna de las partes deberá debilitar eslabones de la producción para tomar ventajas. La moción fue rechazada por 43 votos contra 29, tras lo cual arrancó finalmente el debate.

Le correspondió al chaqueño Juan Cruz Godoy oficiar de miembro informante, y arrancó saliendo al cruce de la preocupación expresada respecto del supuesto debilitamiento de los derechos de los trabajadores, aclarando que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”. Dijo que entre otras cosas, se mantienen las indemnizaciones; se facilita la registración de los empleados de manera formal; se mantiene la obligatoriedad de registración, pero se agiliza el sistema y es más económico.

“Se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) como herramienta para dar certeza a empleadores  y empleados. Se establece también cuáles son los servicios esenciales y los considerados de importancia trascendental para establecer una prestación mínima e irreductible”, señaló, apuntando luego que “reconocemos que en nuestro país más del 70% del trabajo es gracias a las PyMEs, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) para que se genere más producción y empleo”.

Sobre el final de su exposición, Godoy aclaró que “eventualmente tendremos que volver a discutir esta temática”, en función de los avances de la tecnología, ya con la llegada de la Inteligencia Artificial y la Robótica. “Probablemente dentro de 5 o 10 años tendremos que discutir nuevamente una ley laboral”, estimó.

A continuación, el senador Recalde recordó que hace pocas semanas trataron esa misma ley que tenía 219 artículos y hoy vuelve con 218. “Nuestro bloque va a seguir rechazando el contenido de la ley”, adelantó por si quedaba alguna duda. Luego habló de “un modus operandi del Gobierno en materia de leyes”, y lo explicó: “Primero manda leyes ómnibus, que tratan distintos temas. En esta ley, que tiene 26 títulos, se modifican 28 leyes y se derogan 11 leyes. Una ley gigante, monstruosa -aparte por el contenido-. No solo es una ley que abarca muchísimos temas y demás, la tratan de manera exprés. No hubo escucha, no aceptaron ninguna modificación, y un agregado que está siendo una constante en todas las leyes: aparecen modificaciones de último momento, que encima venden como concesiones”.

Recordó que fueron modificados 57 artículos de los 219 originales, y cuestionó que de las modificaciones no tuvieron en cuenta ninguna de las que pidió el bloque que representa la primera minoría. “Pero sí aparecieron cosas horrorosas, como la ampliación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las exclusiones y sacan de las leyes laborales al personal de embarcados, sin ninguna explicación, y emitieron una modificación que pasó inadvertida, en el artículo 31, para liberar de responsabilidad a más empresas solidarias. No es un problema, según este proyecto de ley, que hayan incurrido en conducción temeraria”.

“Pero además, otra constante de todas estas leyes y que conspira contra la seguridad jurídica: es un trámite irregular”, aseguró Recalde, que habló de “violación de reglamentos”, y de “votos de legisladores que se supone que representan otros intereses, votando del otro lado”. Y sentenció: “Pasó con la ley Banelco, pasó con la Ley Bases. Compran a los que son de otros bloques… Hoy no sabemos qué otras cosas en la negociación de los votos. Todas estas cosas se hacen cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando es a favor del pueblo, no se necesita votarla entre gallos y medianoche”.

Recalde advirtió que “seguramente esto va a generar más litigiosidad, sino muchas dudas de los inversores. Esta es una ley que desprotege desde donde se la mire (…) Una ley que empieza excluir de la Ley de Contrato de Trabajo a cada vez más actividades y sujetos. Que va directamente en contra de una disposición constitucional, el artículo 14 bis, que es el que establece que la ley le debe garantizar al trabajador jornada limitada”.

Por otra parte, Mariano Recalde consideró al FAL como “lo más grave y escandaloso”. Incluso advirtió que quienes armaron la ley “dicen que el escándalo de las licencias lo instalaron ellos para esconder y que no se discuta el FAL”, al que calificó como “un curro fenomenal. Porque no solamente subsidia despidos”.

Comparó al FAL con las AFJP, e insistió en calificarlo como “un curro fenomenal con la plata de los jubilados. Ahora no para pagar jubilaciones, sino para subsidiar empresas que despidan. Es estatizar otra vez deuda privada. La deuda que tiene un empresario con un privado, que es el trabajador, es estatizada. El que despide, nos hacemos cargo todos, con la plata de los jubilados…”. En ese sentido advirtió que propondrán la creación de una bicameral de seguimiento de los fondos de los jubilados. “Si se crea, vamos a investigar qué hacen con la plata de las jubilaciones. Y donde toquen un peso los vamos a meter presos”.

Tras él, su par rionegrina Ana Inés Marks abonó la hipótesis de que al artículo 44 “lo metieron para proteger la madre de todos los negocios: el FAL”, al que llamó “FAT, Fondo de Asistencia a la Timba”, y concluyó: “Un curro con la plata de los jubilados”.

Brevemente, la senadora pampeana Victoria Huala recordó que “no es un capricho pedir la eliminación de la cuota sindical”. Luego, señaló que “el trabajo de los gremios es representar al trabajador de verdad, pero conozco casos en los que se juntan a colgar carteles cuando no hay un gobierno kirchnerista en el Poder Ejecutivo Nacional”.

En relación a la Ley de Modernización Laboral, la pampeana cargó que “apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a 'patrones malos', como algunos nos quieren hacer creer”. “Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes y al empleo real”, cerró.

A su turno, el senador Jorge Capitanich recordó los cuestionamientos del bloque Justicialista al texto oficial. “Primero, la afectación de los derechos del trabajador; segundo, afectación de los derechos colectivos; tercero, un régimen desde el punto de vista de reorganización laboral, y también integra el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo a los despidos. También la nueva organización de la justicia de Trabajo y por último una reforma tributaria encubierta”, enumeró.

Entre las propuestas de su bancada, señaló: “¿Por qué existe un Fondo de Asistencia Laboral, que primero era 3% en forma lineal para todas las empresas, sin la diferenciación tipológica de las mismas, y ahora se planteó una diferenciación entre 1 a 2,5%, se trate de grandes empresas o de micro, pequeñas y medias empresas. Y en ese contexto, puede incrementarse a 1,5 o 3%. Lo que nosotros proponíamos era por qué no hacer directamente el ataque desde el punto de vista del régimen de incentivos a las micro empresas, que equivalen a 359 mil en la Argentina, porque efectivamente si poníamos la eliminación de las contribuciones patronales, implicaba que casi el 50% del costo total del costo laboral baja al 20%, que se subordina a los aportes personales. Tiene sentido porque el 77% del empleo informal se incuba en las microempresas. Se puede extender inclusive a medianas empresas y ese régimen puede implicar a cerca de 459 mil empresas”.

Ya en el turno de los cierres, el senador Fernando Salino habló de la “violación de las formas” que para su bancada se dio en el tratamiento de ese proyecto, recordando cuando se pidió el tratamiento de “un proyecto que no estaba en la Cámara de Senadores”, en alusión a cuando se convocó a un plenario para tratar la modificación de Diputados sin que se hubiera aprobado todavía.

“Otra confusión es cuando se dice: ‘Este debate ya se hizo’, siendo que lo único que vale es el tiempo que transcurre en el Senado de la Nación. No podemos computar el tiempo de debate en la opinión pública”, apuntó.

Cerró el debate por parte del bloque Justicialista José Mayans, quien dijo que el proyecto de Modernización Laboral “está hecho por estudios de abogados en contra de los derechos de los trabajadores. Esto es esta ley: una ley gorila, hecha por gorilas, para afectar al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando”.

A continuación, el formoseño puso otra cuota de opacidad sobre el tema al advertir que “cuando terminaron el tratamiento, pidieron permiso para mejorar la ley. Ahí hubo algunas coincidencias con algunos gobernadores que no creo que hayan sido de carácter ideológico. Les faltaban tres para el quórum, y el Gobierno empieza a negociar, a tirar cargos, plata, fondos… Una vergüenza, para atacar al sistema laboral argentino”.

José Mayans dio por sentado que el artículo 44 fue una estrategia del oficialismo para ocultar el verdadero “negocio” del proyecto. “Bueno, ahora nos enteramos que lo de la licencia fue una estrategia para sostener el FAL (Fondo de Asistencia Laboral). Eso es tener impunidad realmente, y tener desprecio para la gente. Fue una estrategia para que no se ataque al FAL, que estaba muy apuntado. Es un robo a cara descubierta, pero abiertamente inconstitucional: vulnera el 14 bis de la Constitución, que protege al trabajador, y el FAL viene a romper el sistema protectorio que tiene la Constitución. El FAL es abiertamente inconstitucional”.

El festejo de Martín Goerling

El senador del PRO que brindó su voto afirmativo para la reforma al igual que los misioneristas Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se mostró feliz por su sanción mediante un mensaje en su cuenta de X:

"Aprobamos la Ley de Modernización Laboral con las reformas que introdujo Diputados. Es un paso firme para dejar atrás un sistema que castiga al que produce y empuja a millones a la informalidad. Más libertad para contratar, más previsibilidad para invertir y más empleo formal para los argentinos", señaló el presidente del bloque "amarillo" en La Cámara Alta Del Congreso Nacional.

¿Cuáles son los cambios más importantes?

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo fue aprobada por el Congreso y se convirtió en ley, luego de un intenso debate legislativo en el Senado de la Nación. La norma redefine distintos aspectos del vínculo entre empleadores y trabajadores del sector privado, con modificaciones en la registración, la organización del tiempo de trabajo, el régimen indemnizatorio y los aportes previstos en convenios colectivos.

El nuevo marco regulatorio combina ajustes en los costos laborales, herramientas para la gestión de la jornada y cambios en los mecanismos de resolución de conflictos judiciales, además de incentivos orientados a la formalización y a la inversión.

Registro laboral digital y pago de salarios

Uno de los cambios operativos más relevantes está vinculado a la registración laboral. La ley establece que el registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral, sin exigir trámites adicionales ante otros organismos. Además, habilita la digitalización de los libros laborales, que tendrán plena validez legal y deberán conservarse durante un plazo de diez años.

En materia de remuneraciones, la norma ratifica que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente a través de entidades bancarias o instituciones oficiales de ahorro. El texto excluye de manera expresa la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para el pago de haberes.

Banco de horas y nuevas reglas para las vacaciones

La ley introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo. Se habilita la creación de un banco de horas mediante acuerdos escritos entre empleadores y trabajadores, que permitirá compensar horas extraordinarias con descansos, siempre dentro de los límites legales vigentes en materia de jornada y pausas obligatorias.

En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período general de otorgamiento entre octubre y abril. Sin embargo, se habilita a las partes a pactar su goce fuera de ese intervalo. También se permite el fraccionamiento del período vacacional en tramos de al menos siete días consecutivos.

Cambios en los aportes sindicales y patronales

La reforma introduce límites a los aportes previstos en las convenciones colectivas. Los aportes patronales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios a partir de enero de 2028.

En el caso de las asociaciones de trabajadores, los aportes, tanto para afiliados como para no afiliados, no podrán exceder el 2%. Se mantiene el aporte del 6% con destino a las obras sociales. Además, se eliminó el artículo que permitía a los empleadores actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación sin conformidad expresa del trabajador.

Período de prueba más extenso

Otro punto central de la ley es la ampliación del período de prueba. El plazo general se extiende a seis meses. Para las empresas que cuenten con hasta cinco empleados, el período podrá alcanzar los ocho meses.

Durante ese lapso, la relación laboral podrá extinguirse sin derecho a indemnización por antigüedad. No obstante, el empleador deberá registrar al trabajador desde el inicio del vínculo y cumplir con todas las obligaciones previsionales y de seguridad social.

Eliminación de multas por falta de registro

En materia de formalización, la norma elimina las multas previstas en la Ley 24.013 para los casos de trabajo no registrado o registración deficiente. En reemplazo de ese esquema, se establece un régimen de incentivos a la regularización.

Los empleadores que blanqueen personal no deberán abonar sanciones, aunque sí estarán obligados a pagar las diferencias salariales y previsionales adeudadas correspondientes al período no registrado.

Nuevo esquema indemnizatorio

La ley modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de su vigencia, solo se considerará la remuneración mensual, normal y habitual. Quedan excluidos de ese cálculo los conceptos de pago no mensual, como el sueldo anual complementario y las vacaciones.

El texto también establece que la indemnización será la única reparación derivada del despido y fija un nuevo sistema de actualización de los créditos laborales, que se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Fondo de Asistencia Laboral y fondos de cese

Como complemento al esquema tradicional, la norma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de las desvinculaciones. Este fondo se financiará mediante aportes mensuales obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas lo harán con una contribución del 2,5%. El Poder Ejecutivo podrá incrementar esos porcentajes hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aval de la Comisión Bicameral.

Además, se habilita a los convenios colectivos a establecer fondos de cese laboral bajo un sistema de capitalización individual. En estos casos, el empleador realizará aportes mensuales y el trabajador percibirá el monto acumulado al finalizar la relación laboral, en reemplazo de la indemnización tradicional. Esta modalidad deberá acordarse en paritarias y no podrá implicar una quita de derechos adquiridos.

Reducción de cargas sociales e incentivos a la inversión

La reforma también incluye cambios en las contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social. Para las grandes empresas, la reducción será de un punto porcentual, mientras que para las MiPyMEs alcanzará los 2,5 puntos. Estos beneficios podrán ampliarse hasta el 1,5% y el 3%, respectivamente, con aprobación legislativa.

En ese marco, se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a promover la incorporación de tecnología y la expansión empresarial, en articulación con la reducción de cargas sociales.

Pago de sentencias judiciales en cuotas

Por último, la ley introduce modificaciones en el cumplimiento de las sentencias judiciales laborales. Las empresas de mayor tamaño podrán cancelar las condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas. En el caso de las MiPyMEs y empleadores individuales, el plazo se extenderá hasta doce cuotas mensuales.

Con este conjunto de cambios, la reforma laboral ya convertida en ley redefine las condiciones de contratación, desvinculación y organización del trabajo en el sector privado, estableciendo un nuevo marco regulatorio que comenzará a aplicarse según lo disponga su reglamentación.

Fuente: Parlamentario e Infobae

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