Defienden su parte del negocio del aborto clandestino

Comunicado del Partido Obrero en el marco de la marcha de los médicos que se manifestaron contra el aborto
Hoy se movilizan médicos en Posadas  cuestionando el artículo 2 de la ley que tiene media sanción, que penaliza a la autoridad de establecimientos médicos o profesional de la salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar la interrupción del embarazo en  los casos que autoriza la ley. Se trata, en realidad, de una posición abiertamente en contra de la ley que legaliza el aborto por parte de los propietarios de clínicas.
Bajo un manto supuestamente moral se plantea la defensa de un negocio fabuloso. Es conocido que por cada actividad declarada ilegal nace un negocio clandestino.
En el caso del aborto, genera un negocio cercano a los $ 7.500 millones bajo la estimación de que en la Argentina hay alrededor de 450 mil abortos por año, con un costo cercano a los $ 17 mil.
En declaraciones vertidas en medios locales, el propietario de la clínica Simens, convocante a la manifestación, manifiesta no solo estar contra el  artículo  antes mencionado,  sino que reclama además la objeción de conciencia institucional o de ideario, expresamente prohibida en el artículo 15 del proyecto de ley aprobado recientemente por la cámara de diputados de la Nación. A través de la objeción de conciencia institucional lo que pretende el poder clerical, dueño de clínicas privadas y colegios, es arrogarse la  facultad legal de no cumplir con la normativa vigente. Ésto es lo que actualmente ocurre con la ley de educación sexual integral, que en su artículo 5 le otorga la potestad a los colegios confesionales según "su valores". En criollo, quieren cumplir o no con la ley según sus voluntad
El texto de IVE que cuenta con media  sanción, contempla la objeción de conciencia individual, es decir, la que puede manifestar cada médico en particular.  La misma también es un problema como lo advertimos oportunamente y que la realidad lo ha confirmado: días atrás desde el hospital neonatal del parque de la salud salieron a manifestar que la totalidad de los médicos que allí se desempeñan serían objetores de conciencia, lo cual es gravísimo ya que se trata del hospital público más importante de la provincia que concentra el 50 % del presupuesto de salud. Ello implica que en la salud pública se haga muy difícil la práctica del aborto.  La precarización laboral con que se desempeñan los profesionales en el hospital Madariaga (Parque de la salud) aumenta la presión de funcionarios políticos de la Renovación, directores de los servicios, sobre éstos trabajadores. La renovación  se opone abiertamente al derecho al aborto legal, como lo demuestra el voto de la  mayoría de los diputados nacionales y de las declaraciones del propio Rovira que pretendió declarar de interés provincial las marchas pro-abortos clandestinos.
En concreto tenemos el siguiente  panorama: un sistema público de salud repleto de objetores de conciencia y a las clínicas privadas que pretenden eregirse objetoras institucionales.
Vemos entonces que la objeción de  conciencia, sea en términos individuales o institicionales, se convierte en los hechos en una herramienta reaccionaria que pretende neutralizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Convocamos a redoblar la movilización a favor del aborto legal y repudiar la objección de conciencia que actúa como ariete para negar la legalización y fuente de un gran negocio.
http://www.perfil.com/noticias/economia/el-aborto-mueve-mas-de-7500-millones-por-ano.phtml
https://www.elintransigente.com/sociedad/2018/2/25/cuanto-dinero-mueven-los-abortos-clandestinos-en-la-argentina-480002.html