Motosierra a la discapacidad: ¿qué hay detrás?

Por Matías Blanco*

La discapacidad retornó al centro de la escena del debate público y mediático durante los últimos días, con un nuevo embate del Gobierno Nacional de La Libertad Avanza hacia el sector, expresado vía el proyecto denominado peyorativamente como “contra el fraude en el cobro de pensiones por invalidez”.

Este bosquejo de normativa, con un título pintoresco, por así decirlo, no tiene como objetivo “ordenar el sistema”, tal cual es declamado por los funcionarios, sino que busca un reempadronamiento global de todos los beneficiarios del engranaje asistencial de la discapacidad, procurando que el impacto de las pensiones en la alquimia fiscal que esta gestión preserva como si fuera “el santo grial” se reduzca a la mínima expresión posible.

Hubo, hay y habrá gobiernos que desenfoquen a la discapacidad del sitial de prioridad de gestión —de hecho, la poda de pensiones “por irregularidades” ya se implementó en el gobierno de Cambiemos/Juntos por el Cambio, comandado por Mauricio Macri (2015-2019)—, y eso que hallaba en su composición dentro del Poder Ejecutivo a dos funcionarios que portaban una discapacidad motriz, como la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el otrora ministro de Trabajo Jorge Triaca, quienes se desplazan en sillas de ruedas.

Años más tarde, ya bajo la gestión del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), la asfixia fiscal producida por el impacto económico de la pandemia del coronavirus COVID-19 conllevó a un retraso salarial en los haberes de los prestadores de servicios y tratamientos terapéuticos, situación que la gestión del Frente de Todos concluyó con una indefinición sumamente amarga.

Además, el mandato albertista cometió un grosero error semántico que imposibilitó el conocimiento acertado y real acerca de cuántas personas con discapacidad habitan en el país, cuando en el desarrollo del Censo Nacional de Población 2022 se introdujo la pregunta “¿con cuántas personas con dificultades vivís?”, infligiendo de una manera muy burda los lineamientos conceptuales establecidos por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Si uno decide retomar todos estos dislates administrativos, pasan “al anecdotario popular” en comparación con lo que han causado Javier Milei y su grupo de funcionarios al colectivo de discapacidad desde que pisaron la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023.

Para el mandatario nacional Milei —vaya uno a saber por qué— la discapacidad, en lugar de ser un elemento incontrastable de resiliencia y superación personal multiplicado al infinito, a todas luces representa una característica de disvalor social, un tema que debiera ser preservado hacia el interior del seno familiar de quienes, en suerte, les haya caído “el brete” de convivir con una persona con discapacidad en los segmentos más profundos de su entorno personal.

Desde los ojos de Milei —al menos, a mi gusto, injustificadamente—, el colectivo de personas con discapacidad ha sido objeto de agresiones y mofas desde ni bien asumió la máxima magistratura del país. Lo hizo en febrero de 2024, cuando en medio de una disputa política con el gobernador de Chubut Ignacio Torres por la provisión de combustible a la Nación, decidió publicar en X una imagen editada del dirigente patagónico con rasgos faciales característicos de una persona con síndrome de Down, esperando a ser “sometido merecidamente” por un grupo de hombres.

Por supuesto que, al calor de ese mensaje —revelador de conceptos sexualmente retorcidos junto al empleo de la discapacidad en calidad de insulto—, los reproches no se hicieron esperar, tanto desde la política como desde el arco social global, teniendo como máximo representante a la ASDRA (Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina).

Tal como ya es su sello característico, Javier Milei no pide ni información, ni perdón, ni permiso, y jamás se disculpó por haber lanzado improperios de semejante calibre en su red social favorita. La lista de agravios se extiende a 2025, cuando hostigó al niño activista con autismo Ian Moche llamándolo “kirchnerista operador”, luego de que el joven contara una espantosa experiencia de encuentro personal con el ex titular de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Esa andanada de ataques a un menor de edad, amparados en la potencia de su investidura presidencial, le valieron al “león” Milei un amparo que Moche inició para que borrara el posteo violento. Sin embargo, el Juzgado Federal N.º 4 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo, negó la petición hecha por el niño vía su madre, Marlene Spesso, aduciendo que el jefe de Estado “no había cometido ningún delito”.

Ya en febrero de este año, la diputada nacional libertaria Lilia Lemoine se atrevió a insinuar que Ian Moche “finge” su condición autista, fogoneado por su mamá. La brutal frase fue dicha en una entrevista televisiva con La Nación+ y condujo a que Moche, junto a su familia, pidieran la expulsión de Lemoine del recinto legislativo por “inhabilidad moral”. El resultado: hasta hoy el Congreso jamás trató el pedido de Ian.

Como se vio hasta aquí, la empatía es un valor muy difícil de hallar y el Gobierno Nacional se aleja cada vez más de ella.

¿En qué consiste la “nueva cruzada” contra el “fraude en pensiones por invalidez”?

El nuevo proyecto que el Gobierno mileísta amaga con enviar al Congreso Nacional es una modificación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley N.º 27.793 —conocida como de Emergencia en Discapacidad—, garantes de la universalidad de las atenciones. En ese sentido, los principios claves son:

Nomenclador único: es el sistema que establece los montos de cobro de cada prestador por servicio brindado (ya sea apoyo, acompañamiento y terapias de las más diversas).

¿Para qué sirve?

El nomenclador universalizado posibilita una estructura cohesionada en el otorgamiento de tratamientos, fundamenta mínimos y conserva las prestaciones.

Las razones de la crisis que están conduciendo al colapso del entramado sobre el cual se sostienen las prestaciones de discapacidad se enfatizan en el atraso financiero que presenta el nomenclador único, el cual La Libertad Avanza proyecta “desregular” a gusto y señal de cada prepaga.

Esta situación de extrema precariedad se vio evidenciada con una confesión hecha por la activista posadeña Jazmín “Jaz” Kinder, quien sostuvo que desde enero un prestador transportista percibía $798 por kilómetro recorrido y ahora se encuentran a la espera de una suba que los conduciría a $825. Sumas ridículas que ni siquiera garantizan la carga de combustible: solo en Posadas, hace ya largo tiempo, el litro de nafta súper trepó los $1200.

A nivel nacional, la reconocida actriz Valentina Bassi señaló contundentemente que el ministro de Salud, Mario Lugones, llegó al cargo “con un solo objetivo”, radicado en “darle la dicha a sus amigos de las prepagas de sacarse de encima a las personas con discapacidad".

Bassi es madre de un joven de 16 años con autismo llamado Lisandro y recientemente llevó su historia familiar a la pantalla grande del cine nacional. El filme está titulado Presente continuo, la dirección recayó en Ulises Rosell (padre de Lisandro) y cuenta cómo es un día en la vida del adolescente, al que incluso su mamá llevó a marchar en defensa de sus derechos durante el año pasado.

En la actualidad, Valentina Bassi se mostró preocupada por la posibilidad de que Lisandro deje de asistir a la escuela de educación especial en la que es alumno, ya que la institución se encuentra plagada de deudas, además de entristecida porque el ajuste ya alcanzó a su transporte. Como Bassi, miles de familias argentinas padecen hoy este trance.

Otros planteos de la nueva ley que impulsa La Libertad Avanza son la supresión de los aumentos por inflación para las pensiones por invalidez y el cese del plus por zona económica desfavorable (abonado según la provincia).

Además, se busca efectivizar la incompatibilidad de que la persona con discapacidad pueda tener un trabajo en blanco y continuar percibiendo su pensión. En rigor de la verdad, esto ya ocurre en la práctica desde hace varios años: las personas con discapacidad se ven obligadas a optar entre un trabajo formal o conservar la flaca prestación como seguro exclusivo de subsistencia.

Misiones capeando la tormenta

El pasado jueves, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli publicó un video en su cuenta de Instagram repudiando el proyecto de ley.

El funcionario objecionó que obligar a elegir entre trabajar o conservar la pensión convierte a la iniciativa en excluyente, no inclusiva. Además, recordó que bajo su órbita funciona el Consejo Provincial de Discapacidad y aseguró que en Misiones “no se ajusta” al sector.

El Consejo fue creado por Hugo Passalacqua en 2015 en su primer mandato al frente de la gobernación,como un espacio institucional con enfoque social, dejando atrás la mirada puramente médica y reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derecho.

En una vida orgánica que todavía no totaliza los 11 años ya lo dirigieron la doctora Marcela Alves (2015- 2019), Mary Kosinski (2019-2023) y desde 2023 hasta la actualidad bajo la regencia de Tatiana Antúnez.

En el ámbito nacional, durante 2017 la gestión de Mauricio Macri creó la Agencia Nacional De Discapacidad (ANDIS) como un organismo dedicado a la elaboración de políticas exclusivas para las personas con discapacidad, estela que se mantuvo como método de articulación con las provincias en el transcurso del gobierno de Alberto Fernández.

Hasta que en 2024 la administración de Javier Milei la degradó volviendola un apéndice de la jefatura de gabinete, y ya el año pasado sufrió otra modificación a raíz del escándalo por supuestos sobreprecios en el otorgamiento de medicamentos.

Esa decisión fue la disolución de la ANDIS y sus competencias fueron "chupadas" por el Ministerio De Salud De La Nación.

A la par de las idas y vueltas administrativas nacionales se instaló la idea que era imperioso desmontar un sistema que otorgó “un festival de pensiones apócrifas” durante el kirchnerismo y para ello se determinó comenzar con un período de auditorías.

Apelando mínimamente a su memoria lectores si siguieron el tema recordaran el cataclismo que significaron esos procesos de revisión en Misiones: con denuncias que fueron orquestados por militantes libertarios sin el más mínimo ápice de conocimientos médicos o pedagógicos, la constitución de filas interminables de personas apiñadas bajo el sol que llegaban a un “municipio testigo” provenientes de hasta 5 localidades diferentes.

Posteriormente se supo que la Nación nos se proveyó de trabajadores sanitarios o voluntarios oriundos de los municipios que visitaba para auditar, sino que terciarizó el proceso mediante la empresa Medicys S.A que al constar domicilio legal solo cuenta con un terreno baldío emplazado sobre la calle Godoy Cruz al 2543 en la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo reveló una investigación de este sitio el 7 de septiembre de 2025.

Por aquellos días, Hugo Passalacqua se expresó públicamente pidiendo que estos procesos se hicieran con responsabilidad y “sin humillar a los misioneros”.

Se estimó que durante el período auditor se suspendieron al menos 10.000 pensiones en Misiones y bajo la dirección de Spinelli junto a Tatiana Antúnez y el abogado Luis Adrián Oudín se presentó un amparo para la restitución de pensiones quitadas con arbitrariedad en la provincia, cosa que fue lograda gracias al fallo firmado por la jueza y civl de Comercial de Posadas Carmen Helena Carbone.

Volviendo a la actualidad, el 13 de abril en una entrevista con Radio UP Tatiana Antúnez expuso la gravísima situación que se padece en Misiones con respecto a salarios de los prestadores y entrega de medicamentos que muchas veces son fundamentales para la calidad de vida de las personas con Discapacidad.

La Titular del Consejo consignó que se registran deudas hasta 6 meses con estos prestadores y recalcó que la provincia solo se encuentra facultada a instar la normalización de haberes hacia estos trabajadores, no obstante la efectivización de percepciones es potestad exclusiva de la Nación.

Hoy por Hoy, todo aquello excluido del Programa Federal Incluir Salud fue absorbido y está siendo costeado por la administración provincial, en consecuencia el gobernador Passalacqua le remitió una nota al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo-que tiene “el último check” sobre cada centavo transaccionado desde el Estado Nacional- ,en pos de que arbitre las medidas pertinentes a sanear la deuda adquirida con Misiones en concepto de Incluir Salud que ya alcanza los $2500 millones.

Convención Internacional: modelo médico vs. modelo social

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impulsada por la ONU, entró en vigor en 2008 y propone un cambio radical: dejar de ver a la discapacidad como un problema médico y reconocer a las personas como sujetos autónomos con derechos plenos.

Las políticas actuales —bajo el argumento del ajuste fiscal— implican, según esta mirada, un retroceso hacia el modelo médico.

Que se entienda: nadie apoya el fraude. Pero se exige que los controles se hagan con conocimiento, prudencia y respeto.

Que se pueda separar la paja del trigo y que paguen quienes cometen delitos, sin que la motosierra arrase con la dignidad de quienes solo quieren vivir en paz.

Porque, en ese futuro prometido, las personas con discapacidad deben ser parte activa de la sociedad. Como bien dice la activista posadeña María Soledad Varela:

“Nada sobre nosotros sin nosotros”.

*Periodista