Unos 120.000 trabajadores rurales de todo el país quedaron alcanzados por la incertidumbre luego de que este 1° de septiembre venciera el régimen que permite compatibilizar el trabajo temporario registrado con determinadas políticas de protección social.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) reclamó al Gobierno nacional una intervención urgente y advirtió que la falta de renovación puede tener un efecto contrario al buscado: desalentar la registración laboral justamente en una actividad caracterizada por la estacionalidad y la contratación por períodos determinados.

El mecanismo fue establecido originalmente mediante el Decreto 514/2021. Su objetivo fue permitir que trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos pudieran incorporarse formalmente a las distintas campañas agrícolas sin perder automáticamente determinadas prestaciones y beneficios sociales.

Para el sector rural no se trata de una cuestión menor. Buena parte de las actividades agrícolas demanda mano de obra solamente durante determinados meses del año y los ingresos laborales se interrumpen cuando termina cada campaña. La compatibilidad buscó precisamente adaptar la protección social a esa particularidad y, al mismo tiempo, incentivar que los empleadores registraran a sus trabajadores.

El problema es que el esquema necesita ser renovado. La última extensión venció este lunes 1° de septiembre y, según UATRE, hasta ahora las gestiones realizadas ante la Nación no tuvieron respuesta.

El antecedente inmediato alimenta la preocupación. El año pasado el sindicato había comenzado a reclamar con anticipación ante las demoras oficiales y finalmente consiguió que el régimen fuera prorrogado hasta septiembre de 2026. Esta vez, aseguran desde la organización gremial, los pedidos todavía no encontraron respuesta.

“La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, advirtió el secretario general de UATRE, José Voytenco.

Desde el gremio vienen planteando además que la compatibilidad deje de depender de sucesivas extensiones administrativas y quede establecida de manera permanente por ley. El argumento es sencillo: mientras el sistema dependa de una renovación periódica, trabajadores y empleadores quedan sujetos cada año a la misma incertidumbre.

La demora vuelve ahora a colocar al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en el centro de los cuestionamientos del sector. Es el segundo año consecutivo en que la proximidad del vencimiento —esta vez ya consumado— genera incertidumbre por la falta de una definición a tiempo.

Para UATRE, detrás de una decisión que puede parecer meramente administrativa existe un problema laboral concreto: sin compatibilidad, muchos trabajadores temporarios pueden verse ante la disyuntiva de aceptar un empleo registrado durante una cosecha y arriesgar prestaciones necesarias para sostener sus ingresos durante los meses en los que no tienen trabajo.

Por eso el gremio reclama una solución inmediata, pero también una respuesta definitiva: que un mecanismo pensado para reconocer la realidad particular del trabajo rural deje de depender, año tras año, de que algún funcionario recuerde firmar una prórroga.