Por Matías Pintos*

El reciente decreto firmado por el Poder Ejecutivo representa uno de los golpes más duros contra la transparencia y la división de poderes en la historia democrática reciente de la Argentina. Al desmantelar de forma unilateral los mecanismos de control público para la designación de los magistrados del máximo tribunal, el Gobierno no busca eficiencia administrativa; busca subordinación. Modificar las reglas institucionales para cubrir las vacantes de forma acelerada es el camino directo hacia la construcción de una Justicia adicta al poder de turno, ejecutada mediante un acto de misoginia institucional explícita que expulsa a las mujeres de la cima del Poder Judicial.

En la Argentina, las mayores regresiones institucionales suelen ejecutarse cuando la atención pública está capturada por el espectáculo o el escándalo. Mientras el país se sumerge en el fixture y los debates deportivos del Mundial, los despachos oficiales aceleran reformas estructurales que en otro momento generarían un masivo rechazo social. Paralelamente, el estrépito político que rodea al funcionario Manuel Adorni opera como una perfecta cortina de humo. Mientras los focos mediáticos apuntan a los cuestionamientos éticos que acorralan al entorno presidencial, las firmas de Javier Milei y su ministro de Justicia sellan el copamiento silencioso de los tribunales, valiéndose de la distracción popular para perpetrar un retroceso histórico en materia de equidad.

El vaciamiento institucional y la consecuente pérdida de independencia se asientan sobre una violencia política deliberada: la eliminación total de la recomendación de contemplar la diversidad de género en la composición de la Corte Suprema. Esta remoción de las exigencias de paridad no es una simple simplificación administrativa; es un acto de desprecio y misoginia estatal que busca consolidar de forma permanente una Justicia adicta, de hombres y sin mujeres. Borrar el criterio de género desmantela las conquistas históricas de los movimientos feministas y envía un mensaje disciplinador a toda la sociedad: para este Gobierno, la mirada, la experiencia y la capacidad de las mujeres juristas carecen de valor en las decisiones más trascendentales de la República.

Una Corte Suprema deliberadamente masculina e insensible a la equidad representa una amenaza real para los derechos de millones de ciudadanas. Un tribunal superior blindado contra la diversidad de género carece de la legitimidad necesaria para juzgar a una sociedad compleja, dejando los futuros fallos sobre violencia contra mujeres, niños, niñas , femicidios, equidad salarial y derechos laborales bajo lógicas patriarcales y regresivas del siglo pasado. Al combinar esta exclusión con la supresión de las impugnaciones ciudadanas y la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo no solo anula los contrapesos democráticos para nombrar jueces condicionados, sino que edifica una Justicia sorda a las demandas de igualdad y desampara a la sociedad frente a la arbitrariedad del Estado.

Gobernar a espaldas del control ciudadano, ignorar el federalismo y proscribir de facto a las mujeres de la conducción judicial no es modernizar el Estado; es una muestra de autoritarismo burocrático y segregación. Una Justicia adicta al poder de turno, estructurada como un club de hombres exclusivo, no garantiza orden ni legalidad, solo garantiza protección para los gobernantes y un desamparo absoluto para la mitad de la población. La calidad democrática de la República y el respeto por la Constitución Nacional jamás pueden estar subordinados a los favores políticos ni al desprecio ideológico de un Gobierno.

*Abogado y periodista especialista en familias, géneros y violencias