Hace unas semanas, finalizando abril e iniciando mayo, contrastando los frecuentes aplausos y mensajes de apoyo a nivel país al personal de salud, irrumpió en la sociedad misionera la noticia del escrache a la nutricionista que fue contagiada con el virus del COVID-19, haciendo su labor elemental y vital en este periodo de emergencia sanitaria.
Lamentablemente no fue un caso aislado, basta remitirse a las noticias una semana previa al hecho para corroborarlo: 23 de abril, en Buenos Aires un urólogo que vive en el Barrio Norte se encontró con una amenaza escrita debajo de la puerta de su departamento “buscate otro lugar para vivir, decidís vos o decido yo”. El 5 de mayo, una pareja de profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, en el Barrio Montserrat fueron amedrentados por una vecina con amenazas directas “Cuidate! Si salís, te puede pasar algo… Te podés caer”. Una denuncia penal fue radicada.
Mensaje que pegaron en el ascensor de un edificio en Venado Tuerto que estaba dirigido a dos profesionales de la salud que trabajan en el Hospital Gutiérrez de la ciudad santafesina.
¿Por qué un sector de la ciudadanía procede de esta manera a pesar de -el daño explícito a las personas afectadas- que claramente infringe el marco legal que mantiene a la sociedad en orden y es clave más en momentos de pandemia? Para atender a esta interrogante Misiones Opina se comunicó con la abogada y militante del Partido Obrero Olga Aguirre, para precisar ésta y otras definiciones esenciales.
“La ignorancia, el temor y la incertidumbre reinante a raíz de una situación inédita en el mundo podrían explicar que algunas personas tengan ésta actitud con aquellos trabajadores y trabajadoras que ponen en riesgo su propia salud y vida para cuidarnos al resto” observa la letrada sobre los motivos de las actitudes discriminatorias al personal de salud.
Además de estos individuos en particular, la violencia y el destrato a los trabajadores de salud no empieza ni termina con ellos, Aguirre comenta “tengamos en cuenta además, que están llevando a cabo ésta tarea en condiciones lamentables, con jornadas extensísimas de trabajo y sin los insumos necesarios para evitar el contagio. El avasallamiento a los derechos empieza desde arriba, entonces no debería sorprender que ello sea replicado por cierto sector de la sociedad”, pero también resalta respecto de quiénes discriminan que “se trata de una minoría, la mayor parte de la población reconoce la importante labor que desempeñan”.
Abordando las leyes que en concreto éstas personas infringen en su accionar, la abogada señaló “lo relativo al manejo y difusión de información de carácter personal está regulada por la ley 25.326 de Protección de Datos Personales. En la modalidad del escrache vemos que se identifica a la persona con su nombre y apellido, domicilio, etc, es decir, que se divulgan datos personales cuando ello es ilegal. Se expone así no sólo al profesional de la salud sino a todo su entorno familiar”, también resaltó cuál es objetivo real de la identificación que “sería evitar el acercamiento y así el contagio, cuando para ello lo que hay que hacer es seguir lo señalado por los especialistas como el lavado de manos y distanciamiento social”.
En referencia al caso local Aguirre puntualizó “en nuestra provincia tenemos el ejemplo de la nutricionista con COVID-19 positivo, que fue escrachada por algunos vecinos. Acá la cuestión suma otra arista a ser analizada, porque ella además tiene la condición de paciente” y advierte sobre esta circunstancia “con la información relacionada al estado de la salud debe tenerse aún más cuidado porque se trata de información que para la ley 25.326 está en la categoría de ‘datos sensibles’ y, por lo tanto, le acuerda una protección más rigurosa: está amparada por el secreto profesional, esto en cuanto a la relación médico- paciente; pero además la divulgación de su identidad en su condición de paciente con coronavirus requiere de su consentimiento” describe sobre la gravedad de éstas acciones desde el punto de vista jurídico y aconseja “ante éstas situaciones los afectados pueden hacer la denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública”.
Al respecto de la postura de aquellos individuos que insistan en infringir las leyes y dañar al personal de salud o a cualquier persona contagiada, Aguirre ironizó “para proteger la salud propia y de los demás hay que seguir lo que dicen los epidemiólogos, sanitaristas, la OMS, etc,…no he escuchado a ningún especialista en la materia aconsejar escraches y actos de discriminación al personal de salud” y agregó sobre las condiciones de trabajo del personal de salud “por el contrario, éstos trabajadores requieren de todo nuestro apoyo en sus reclamos por mejores condiciones laborales”.
¿Cómo se puede remediar y educar para que estás situaciones de discriminación y atropello al derechos a la privacidad y seguridad no ocurran? La abogada detalló “el estado tiene que empezar por respetar el mismo al personal de salud. Por el contrario vimos que los amenazan y luego culpabilizan si se contagian”. Además explica que “se educa con el ejemplo escuchamos siempre pues sí, se tiene que jerarquizar la tarea y eso se logra con salarios acordes, estabilidad laboral, insumos necesarios para trabajar. Necesitamos la centralización del sistema de salud, la atención de la población y las condiciones laborales del personal de salud no pueden depender del hecho de estar en una clínica privada o en un hospital público” finaliza sobre las mejoras estructurales que son carencia longeva en la provincia.
Campaña del INADI contra la discriminación del personal de salud.
