El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) implementó una serie de modificaciones en su marco regulatorio con el objetivo de reorganizar y simplificar las normas que rigen la actividad. Las medidas fueron oficializadas a través de las resoluciones 20/2026, 21/2026 y 23/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, y abarcan cambios en el régimen de sanciones, en la difusión de información del sector y en los controles productivos.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del sistema de penalidades por incumplimiento de declaraciones juradas. Hasta ahora, cuando un operador omitía presentar tres declaraciones juradas en un mismo año calendario quedaba automáticamente inhabilitado para continuar operando dentro de la cadena yerbatera.

Con la nueva normativa, ese mecanismo cambia. Ante la detección de tres incumplimientos, el organismo deberá emitir primero una intimación formal al operador, otorgándole un plazo de diez días hábiles para regularizar la situación. Si el operador no presenta la documentación pendiente en ese período, el INYM procederá a dar de baja su inscripción.

Esa baja implica que el operador no podrá desarrollar actividades vinculadas a la yerba mate hasta que presente todas las declaraciones juradas faltantes y abone las multas correspondientes. De esta manera, el Instituto reemplaza la figura de inhabilitación automática por un procedimiento administrativo con etapas definidas y posibilidad de regularización.

En paralelo, el organismo resolvió volver a publicar en su página web el listado completo de operadores inscriptos en el registro del sector. Ese padrón había dejado de difundirse en 2023, cuando se adoptó un sistema de consulta individual a través del número de CUIT o de operador.

Con la nueva resolución, el INYM restituye la difusión pública de datos básicos de los actores de la cadena yerbatera, entre ellos nombre, CUIT, número de operador, categoría de inscripción, domicilio comercial declarado y estado de habilitación.

Según fundamenta el organismo, se trata de información no sensible que resulta útil tanto para quienes participan en la actividad como para el público en general, ya que permite identificar qué empresas o personas están habilitadas para operar dentro del mercado.

Otra de las resoluciones reincorpora un dato que deberá volver a ser informado por los secaderos en sus declaraciones juradas mensuales: la cantidad de kilogramos de “palo de descarte” existente al cierre de cada período.

Este dato había sido eliminado recientemente en el marco de un proceso de revisión normativa, pero el propio Instituto detectó que su eliminación generaba inconsistencias con otras disposiciones vigentes, por lo que decidió restablecer la obligación y ajustar nuevamente los sistemas informáticos para permitir su registro.

Las tres medidas forman parte de un proceso de revisión de la normativa del organismo que se inició tras modificaciones en el decreto reglamentario de la actividad yerbatera. Ese cambio estableció que el INYM no puede dictar regulaciones que alteren los precios del mercado o interfieran en la libre competencia entre los actores del sector.

En ese contexto, el Instituto inició un relevamiento de sus normas internas con el objetivo de eliminar disposiciones consideradas innecesarias o contradictorias, manteniendo al mismo tiempo las herramientas necesarias para fiscalizar la actividad.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es avanzar hacia un sistema administrativo más claro y previsible, que reduzca las trabas burocráticas para los operadores pero que al mismo tiempo garantice la transparencia y la trazabilidad dentro de la cadena productiva de la yerba mate.

Las nuevas resoluciones no introducen cambios en los aspectos comerciales de la actividad, como precios o volúmenes de producción. Sin embargo, impactan directamente en el funcionamiento administrativo del sector, al redefinir el esquema de sanciones y reforzar la información pública disponible sobre los operadores habilitados.

Con estas decisiones, el INYM continúa avanzando en la actualización de su normativa, en un proceso que busca equilibrar la simplificación administrativa con la necesidad de mantener mecanismos de control sobre una de las principales economías regionales del país.