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El presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, volvió a cuestionar al Gobierno provincial por la situación salarial de los docentes y sostuvo que la provincia es responsable de mantener los peores salarios del país para el sector educativo.

Las declaraciones del dirigente libertario se produjeron luego de votar en contra del proyecto de emergencia educativa impulsado por legisladores misioneros en el Congreso de la Nación, una iniciativa que buscaba reforzar recursos para el sistema educativo.

“Más plata para los docentes suena bien. ¿Quién no desea que cobren mejor? El problema es que los mismos de siempre llevan 23 años administrando la educación misionera y la única idea que se les ocurre es pedir más plata a la Nación”, afirmó Núñez.

El referente de La Libertad Avanza sostuvo además que el Gobierno provincial redujo el presupuesto educativo en 2024 y aseguró que Misiones ocupa actualmente el puesto 24 entre las 24 jurisdicciones argentinas en materia salarial docente.

Sin embargo, las declaraciones abrieron nuevamente un debate que desde hace años viene planteando el diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro, quien de manera sistemática viene denunciando el atraso salarial docente en Misiones y la pérdida de competitividad de la provincia frente al resto del país.

Según un informe elaborado por Castro sobre salarios docentes de marzo de 2026, tomando como referencia a un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad, Misiones efectivamente ocupa el último lugar del ranking nacional.

El salario de bolsillo en la provincia alcanza los $677.246,34, mientras que el promedio nacional se ubica en $1.048.840,25. La diferencia supera los $371.000 mensuales.

El informe también muestra que dentro del NEA la situación es igualmente desfavorable. Corrientes registra un salario promedio de $1.039.937, Chaco de $1.016.618 y Formosa de $940.000, mientras Misiones permanece muy por debajo de esos valores.

La diferencia con Corrientes, la provincia mejor posicionada de la región, supera los $362.000 mensuales.

Castro viene sosteniendo desde hace años que la situación salarial docente constituye uno de los principales desafíos pendientes de la política provincial y que el atraso relativo afecta tanto el poder adquisitivo de los trabajadores como la capacidad de retener recursos humanos en el sistema educativo.

La contradicción libertaria

No obstante, el planteo realizado por Núñez también expone una contradicción política difícil de ignorar.

Mientras reclama mejores salarios para los docentes misioneros, el espacio político que representa impulsa a nivel nacional una fuerte reducción del gasto público y ha promovido recortes significativos sobre el sistema educativo argentino.

La principal medida fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta creada para complementar los salarios docentes en todas las provincias y que durante años formó parte de los ingresos de miles de maestros.

La decisión del gobierno de Javier Milei significó la desaparición de recursos nacionales que contribuían directamente a mejorar los ingresos docentes.

A ello se suma la reducción del Fondo de Compensación Salarial Docente, mecanismo utilizado para equilibrar diferencias salariales entre provincias.

Recientemente, el Gobierno nacional oficializó un nuevo ajuste de $78.711 millones en el presupuesto educativo mediante la Decisión Administrativa 20/2026.

Entre las partidas afectadas se encuentran $8.930 millones menos para el Fondo de Compensación Salarial Docente, una reducción del 33,8%; $21.687 millones menos para infraestructura y equipamiento escolar, equivalente a una caída del 46,6%; y $35.288 millones menos para el Plan Nacional de Alfabetización.

También fueron reducidos programas de formación docente, innovación tecnológica educativa, evaluación de la calidad educativa y políticas socioeducativas.

El ajuste alcanzó además al sistema universitario nacional, que atraviesa uno de los conflictos presupuestarios más importantes de los últimos años y que motivó sucesivas marchas federales en defensa de la educación pública.

El recorte de las escuelas técnicas

La situación también impacta sobre la educación técnica.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional sufrirá en 2026 una caída acumulada del 93% respecto de los recursos ejecutados en 2023. Además, el proyecto presupuestario impulsado por el Gobierno nacional busca eliminar directamente ese fondo creado por ley para fortalecer las escuelas técnicas.

El mismo estudio señala que la función Educación y Cultura presenta una caída real del 47,3% respecto de 2023, mientras que el presupuesto destinado a universidades nacionales registra una reducción real del 33,8%. Las becas estudiantiles, por su parte, acumulan una caída del 76,6% en términos reales.

En paralelo, la inversión en Ciencia y Tecnología muestra una disminución cercana al 49% frente a los niveles existentes antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Debate abierto

La discusión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: quién debe asumir la responsabilidad por los salarios docentes.

Desde La Libertad Avanza sostienen que el problema es exclusivamente provincial y atribuyen la crisis a las decisiones presupuestarias del Gobierno misionero.

Sin embargo, sindicatos, rectores universitarios, especialistas en educación y sectores de la oposición señalan que resulta difícil reclamar aumentos salariales mientras el Gobierno nacional elimina herramientas como el FONID, reduce fondos de compensación salarial y profundiza el ajuste sobre el conjunto del sistema educativo.

En ese contexto, el reclamo de Núñez encuentra sustento en una realidad objetiva: Misiones continúa pagando los salarios docentes más bajos del país. Pero al mismo tiempo choca con una política nacional que, lejos de incrementar la inversión educativa, avanza en sentido contrario mediante la reducción de programas, partidas y mecanismos de financiamiento destinados a sostener la educación pública argentina.