La comunidad de Ruiz de Montoya y Capioví se encuentra conmocionada tras una denuncia presentada en los primeros días de julio por la madre de una adolescente de 15 años. La presentación judicial apunta a la presunta distribución de material de contenido sexual que involucra a la menor y a otros adolescentes de la zona, un hecho que vuelve a poner en debate los riesgos de la violencia digital y el desamparo en las redes sociales.
La causa, que actualmente se tramita ante el Juzgado Correccional y de Menores de Puerto Rico, está a la espera de los resultados de pericias claves sobre los dispositivos secuestrados. Estos análisis tecnológicos serán fundamentales no solo para reconstruir el entramado del hecho, sino también para preservar las evidencias digitales.
Los detalles de la denuncia
Según datos que trascendieron del expediente, el principal implicado es un adolescente de 15 años, ex pareja de la víctima. La madre de la menor detalló que el joven habría armado un grupo de WhatsApp junto a otros tres menores —todos compañeros de un colegio de Capioví— con el único objetivo de difundir fotografías íntimas de su hija, obtenidas y viralizadas sin ningún tipo de consentimiento.
Esta grave acción, tal como se expresa en el texto de la denuncia, causó un daño severo: “Dañan la imagen y moral de mi hija, dañándola psicológicamente, a tal punto de que no quiere asistir más al colegio”.
Si bien hay otros tres adolescentes identificados en el entorno del grupo de mensajería, la madre de la víctima aclaró que, según la información que pudo recabar, el ex novio era quien inicialmente poseía el material en su teléfono celular.
Antecedentes y control digital
Un dato alarmante que expone la desprotección y la reiteración de estas conductas es que, de acuerdo al testimonio de la progenitora, un año atrás ya se había registrado un hecho similar con el mismo implicado. En aquella oportunidad, la familia decidió no recurrir a la vía judicial tras lograr una reunión con la madre del adolescente para frenar la situación. Sin embargo, el compromiso se rompió. En esta ocasión, al intentar un nuevo diálogo, la madre de la víctima no obtuvo respuestas de la otra parte.
A esto se suma un alarmante componente de control digital: el acusado mantendría vinculado su teléfono a la cuenta de Instagram de la víctima, habiéndose negado en reiteradas ocasiones a brindar el código necesario para realizar la desvinculación de los dispositivos.
Instancia judicial
Por estas horas, la causa avanza en su etapa inicial. Fuentes judiciales adelantaron que la carátula provisional del caso será por distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Aunque el menor apuntado todavía no compareció ante la justicia, los investigadores centran sus esfuerzos en las pericias informáticas para determinar el alcance de la difusión y deslindar responsabilidades.
