A escasas horas de que el Senado de la Nación sesione este jueves 16 de julio para tratar el polémico proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”, la Red de Mujeres emitió un enérgico documento público dirigido de manera directa a los senadores nacionales que representan a la provincia de Misiones. La consigna es taxativa: un rechazo absoluto en el recinto y sin grises.

Para la organización, el nombre del proyecto es una mera fachada discursiva. “No es una ley de propiedad, es una ley de entrega”, denunciaron con firmeza en el comunicado. De acuerdo con el análisis legal presentado por el colectivo, la eventual sanción de esta norma derogaría de manera generalizada las históricas limitaciones que impuso la Ley 26.737 (Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales) contra la extranjerización de la tierra en la Argentina.

Entre las principales normativas que quedarían inmediatamente sin efecto se detallan la pérdida del tope del 15% de superficie rural máxima permitida en manos de titulares extranjeros, la eliminación del límite de posesión por nacionalidad y la desprotección absoluta de aquellos inmuebles rurales que contengan o limiten con cuerpos de agua de relevancia estratégica.

"Misiones tiene el 90% de sus límites sobre frontera internacional. Debajo de nuestro suelo corre el Acuífero Guaraní. Sobre nuestro suelo resiste la mayor reserva de selva del país. La desregulación de la tierra no es una abstracción económica, es una amenaza territorial concreta".

Asimismo, la Red de Mujeres encendió las alarmas sobre los mecanismos administrativos que incorpora la iniciativa parlamentaria. El texto bajo análisis consagra la figura del "silencio administrativo positivo", un instrumento que habilitaría de forma automática la venta de tierras rurales a extranjeros con el solo transcurso de 180 días sin que exista una respuesta o resolución expresa por parte del Estado Nacional.

Esta vulnerabilidad burocrática, alertan, tendría validez incluso para aquellas tierras estratégicas ubicadas en rigurosas zonas de seguridad de frontera y para firmas corporativas que cuenten con participación de estados extranjeros. “La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó”, fustigaron con dureza desde la Red.

Irregularidades en el trámite legislativo

El pronunciamiento de las dirigentes no solo se centra en el fondo de la norma, sino también en las "graves irregularidades" detectadas durante su trámite parlamentario. La Red de Mujeres denunció que el texto del proyecto sufrió al menos catorce versiones diferentes desde que se firmara el dictamen original el pasado 20 de mayo.

Lo grave, señalan, es que tales modificaciones de fondo jamás volvieron a ser revisadas ni debatidas en el seno de las comisiones correspondientes, lo cual implica que la versión definitiva del proyecto se conocerá por primera vez directamente en el recinto al momento de iniciarse la votación del jueves.

“Sancionar normas que afectan el patrimonio territorial de las provincias sin debate en comisión no es un defecto de procedimiento: es la anulación misma de la función deliberativa del Congreso”, sentenciaron, apuntando contra el vaciamiento institucional.

EL ROL DE LA REPRESENTACIÓN MISIONERA

Desde la organización apuntaron al rol clave del senador por Misiones que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales (espacio que dictaminó la iniciativa) y que además formó parte activa de la reunión de Labor Parlamentaria donde se terminó de habilitar el tratamiento express en el recinto de sesiones. Al respecto, el comunicado advierte con frialdad: “Nadie podrá decir que no sabía”.

Una amenaza real en tierra colorada

La Red de Mujeres hizo hincapié en la particular fragilidad geopolítica y ecológica de la provincia para ilustrar por qué esta ley representa un peligro inminente: “Misiones tiene el 90% de sus límites sobre frontera internacional. Debajo de nuestro suelo corre el Acuífero Guaraní. Sobre nuestro suelo resiste la mayor reserva de selva del país”. Con estos datos, la desregulación de la propiedad de la tierra deja de ser “una abstracción económica” para convertirse en “una amenaza territorial concreta” sobre los recursos de la región.

La organización apeló firmemente al principio constitucional del federalismo y al artículo 124 de la Carta Magna nacional, el cual consagra inequívocamente el dominio originario de las provincias sobre sus propios recursos naturales. “Si las provincias conservan ese dominio, la administración de la tierra misionera se decide en Misiones. No se delega en un silencio administrativo firmado en Buenos Aires”, afirmaron.

El reclamo: tres votos negativos con nombre y apellido

En el tramo final del documento, la Red de Mujeres establece su demanda concreta y explícita para los tres representantes misioneros en la Cámara Alta nacional: que voten por la negativa el jueves 16 de julio de manera unánime.

“No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos tres votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, remarca el texto, cerrando el margen para especulaciones o conveniencias políticas. Exigen, además, el rechazo sistemático a toda norma que atente contra el patrimonio y la autonomía de administración de las tierras locales.

Finalmente, la dirigencia convocó al conjunto de la ciudadanía y a los actores institucionales de la tierra colorada a movilizarse ante lo que consideran un retroceso histórico. “Instamos al pueblo de la provincia de Misiones a llevar adelante todas las acciones que estén a su alcance (institucionales, comunitarias y ciudadanas) en defensa de la intangibilidad del patrimonio territorial de la provincia. La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece”, concluye la declaración que ya recalienta la previa de la sesión senatorial del jueves.