La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo de profunda preocupación. El presidente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, confirmó que la entidad impulsará un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector primario. Para el dirigente, la gravedad de la situación dejó de ser únicamente de índole económica y pasó a convertirse en un alarmante problema social y humanitario.
La iniciativa cobró fuerza tras una asamblea clave realizada en Aristóbulo del Valle. Allí, productores locales analizaron el complejo escenario luego de que el Gobierno nacional ratificara firmemente que no devolverá al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad regulatoria para fijar los precios mínimos de la hoja verde.
“Ayer resolvimos impulsar una ley de emergencia. Queremos presentársela al gobernador Hugo Passalacqua para que sea el Poder Ejecutivo provincial quien promueva su tratamiento”, afirmó Sand en declaraciones a Radio Up, marcando la necesidad de una rápida reacción institucional.
El rol del Gobierno provincial y la falta de respuestas
El proyecto está siendo elaborado técnicamente junto al abogado de APAM, Federico Podolski, con el firme objetivo de ser presentado en las próximas semanas. La intención de la dirigencia agraria es mantener una reunión con el gobernador Passalacqua antes de que finalice el mes para pedir formalmente su respaldo político y legal.
Durante su descargo, el presidente de la asociación apuntó tanto contra los tiempos de la Justicia Federal como contra la inacción de la dirigencia política frente al desamparo del sector: “Hay dos caminos: la Justicia y la política. Ninguno está actuando para defender a los colonos”.
"La gente está pasando hambre"
En uno de los tramos más complejos de su relato, Sand describió el impacto directo que tiene este escenario en la vida cotidiana de las familias rurales y los trabajadores del sector. “Esto ya deja de ser un problema económico. Es un problema humanitario. Los chicos están pasando hambre”, sentenció con crudeza.
Del encuentro en Aristóbulo del Valle también formaron parte representantes de los tareferos, quienes expusieron las severas dificultades que golpean a los hogares de los cosecheros ante el freno y la caída de la actividad. Ante este tejido social dañado, desde APAM adelantaron que convocarán y buscarán el acompañamiento de la Iglesia Católica, los credos evangélicos y luteranos, así como de sindicatos, universidades y diversas organizaciones sociales de la provincia.
Desregulación del mercado: precios deprimidos y pagos a 120 días
Al abordar la realidad financiera de las chacras, el dirigente detalló que actualmente la hoja verde se está pagando entre los 240 y los 300 pesos por kilo, valores que quedan totalmente desfasados frente a la realidad inflacionaria. “Al productor le terminan quedando alrededor de 150 pesos por kilo, cuando el costo real de producción está cerca de los 500 pesos”, explicó.
A este desfasaje de costos se le suma otra práctica que asfixia la economía familiar: las denuncias por plazos de pago que se extienden hasta los 120 días, destruyendo el poder adquisitivo del colono.
Sand fue categórico al evaluar los efectos de la desregulación económica en la principal actividad de la provincia y aseguró que la menor oferta de hoja verde registrada no empujó una mejora en las pizarras. “No hay yerba y, sin embargo, los precios siguen deprimidos. Quedó demostrado que el libre juego de la oferta y la demanda no funciona en este mercado”, argumentó, insistiendo en que la salida real es la restitución de plenas facultades al INYM.
Los fundamentos legales de la Emergencia Provincial
El espíritu del proyecto que APAM busca llevar a la mesa del gobernador no pretende entrar en colisión con el Estado nacional ni sustituir las funciones definitivas del INYM. Por el contrario, el dictamen fundamenta que la Provincia debe ejercer de manera transitoria las competencias que la propia Constitución le reconoce para salvaguardar su principal economía regional mientras continúe la parálisis institucional provocada por el DNU 70/2023.
Entre los principales argumentos legales se remarca que, si bien el decreto modificó la estructura del instituto yerbatero, los derechos constitucionales vinculados al trabajo, el amparo de las economías regionales, la propiedad, el ambiente y el cooperativismo siguen plenamente vigentes, obligando al Estado provincial a intervenir.
El documento técnico advierte que la eliminación de los mecanismos de regulación dejó desprotegida a la producción primaria y generó una transferencia directa del poder de negociación hacia los sectores industriales y de comercialización. Esto obliga a miles de pequeños productores a malvender su trabajo por debajo del costo, poniendo en riesgo real la continuidad de las explotaciones familiares y el empleo rural en Misiones.
Finalmente, los fundamentos aclaran que dictar la emergencia no implica crear nuevas atribuciones para la provincia, sino hacer uso de las facultades históricas que Misiones conserva en materia de desarrollo económico y poder de policía administrativo, evitando así que los daños sobre la familia yerbatera se vuelvan irreversibles
