La revisión y depuración de las normas municipales sigue extendiéndose en Misiones. Con la incorporación de seis nuevas comunas, ya son 46 los municipios que trabajan en la elaboración de sus Digestos Jurídicos, una herramienta destinada a poner orden sobre décadas de ordenanzas acumuladas y establecer con precisión cuáles tienen vigencia actualmente.

La Cámara de Representantes firmará este miércoles convenios de asistencia y colaboración con San José, Colonia Alberdi, Corpus Christi, Gobernador Roca, 9 de Julio y Jardín América, que comenzarán formalmente el proceso.

El trabajo parte de la recopilación y tipeo de las ordenanzas existentes desde la fundación de cada municipio. Posteriormente se realizan los análisis documental y normativo hasta llegar a determinar la situación jurídica de cada disposición.

La secretaria legislativa a cargo del Digesto Jurídico, Silvana Pérez, explicó que el procedimiento permite establecer si una ordenanza continúa vigente, fue derogada, cumplió el objetivo para el cual había sido sancionada, venció su plazo o puede fusionarse con otras disposiciones.

“Una ordenanza no es simplemente un papel. Atrás hay una historia y un porqué sobre esa ordenanza”, señaló Pérez. De esta manera, el proceso tiene también un componente histórico, porque preserva la evolución normativa de cada localidad, pero su finalidad central es práctica: construir un cuerpo legal actualizado y evitar que convivan formalmente disposiciones que ya no producen efectos.

Quince municipios ya terminaron

De los 46 municipios incorporados al programa, 15 ya finalizaron sus digestos: Posadas, Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem, Oberá, Montecarlo, Cerro Azul, 25 de Mayo, Garupá, San Ignacio, Puerto Rico, Apóstoles, San Pedro, Eldorado, Bonpland y San Vicente.

Otros cuatro -El Alcázar, Campo Ramón, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú- se encuentran en la última etapa, en la que se determina definitivamente la vigencia, alcance y efectos jurídicos de las normas previamente analizadas.

Dos de Mayo, San Javier, Puerto Piray, Wanda, Salto Encantado, Bernardo de Irigoyen, Capioví, Campo Grande y Puerto Libertad atraviesan una instancia intermedia de análisis documental y normativo.

Otros 18 municipios se encuentran en la fase inicial de recopilación y tipeo: Santo Pipó, Candelaria, Guaraní, Almafuerte, Campo Viera, Caraguatay, Comandante Andresito, Concepción de la Sierra, Dos Arroyos, Florentino Ameghino, Fracrán, Garuhapé, General Alvear, Gobernador López, Puerto Leoni, Ruiz de Montoya, Santa Ana y San Antonio.

Saber qué norma realmente vale

El objetivo del Digesto no es solamente ordenar archivos. Pérez destacó que apunta a brindar “seguridad jurídica y transparencia legislativa”, permitiendo que funcionarios, concejales y ciudadanos puedan determinar con claridad qué normativa se encuentra vigente ante un trámite, una consulta o una decisión administrativa.

El programa comenzó en mayo de 2001, cuando solamente Aristóbulo del Valle, Oberá y Montecarlo habían iniciado el camino de elaboración de sus digestos. Desde entonces se extendió progresivamente hacia el resto de la provincia.

La experiencia también fue trasladada a organismos del Estado provincial, entre ellos el EPRAC, la Contaduría General y el Tribunal Electoral. En el caso de la Contaduría, ya fueron cargados alrededor de 49.800 documentos normativos, que actualmente avanzan en su etapa de estudio.

La intención es que el ordenamiento no termine con la aprobación de cada Digesto. Las nuevas normas deben incorporarse posteriormente para mantener actualizado el sistema y evitar que, con el paso de los años, vuelva a acumularse legislación derogada, vencida o sin efectos.