Por Martín Lozina*
La crudeza con la que el Gobierno nacional ha marcado su postura frente a la crisis de la yerba mate en Misiones no solo expone un profundo desconocimiento de las realidades productivas del interior, sino que también activa una de las falacias más dañinas de la economía ortodoxa: la teoría del derrame.
El tajante "arréglense como puedan" que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le propinó a la comitiva misionera al quitarle las facultades de fijación de precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) bajo la simplista receta de "vender más", deja a miles de pequeños productores y tareferos a la buena de un mercado que no es libre, sino cautivo.
Pretender que la desregulación total generará un equilibrio justo en una actividad históricamente asimétrica es una ingenuidad teórica o, peor aún, una decisión política de abandono. En la práctica, el libre mercado en las economías regionales se traduce rápidamente en la ley del más fuerte, transformando lo que antes era una mesa de concertación sectorial en la imposición arbitraria de un pequeño oligopolio que hoy paga valores de miseria por el kilo de hoja verde.
Al respecto, Ricardo Maciel, representante de Misiones en el INYM y subsecretario de Asuntos Yerbateros de la provincia, advirtió con contundencia que los valores actuales que reciben los productores no son producto de la libre competencia, sino de la imposición directa de dos o tres grandes industrias. La desaparición del precio sostén destruye el efecto dominó positivo en la cadena: el tarefero no puede cobrar lo que corresponde porque el productor no recibe una paga justa por su materia prima, arrastrando en la misma sintonía de asfixia a cooperativas y secaderos.
Esta realidad desarma por completo la quimera del derrame y convalida una premisa tan histórica como alarmante, explicitada por los propios actores del sector: una industria que tiene mejor rentabilidad no paga más por la materia prima, sino que aumenta su capacidad de concentración. El excedente financiero de los grandes jugadores no fluye hacia abajo para mejorar la vida del colono o dignificar el jornal del tarefero; por el contrario, se utiliza como combustible para la voracidad del propio sistema.
Con mayores ganancias, el gigante de la industria agranda su secadero, amplía su molino, compra más tierra, extiende su propia plantación y, sistemáticamente, desplaza a los pequeños y medianos productores. La rentabilidad concentrada deviene en un proceso de colonización interna de la tierra donde el productor cooperativo, incapaz de competir con los costos de escala o de sostenerse sin un precio sostén, termina vendiendo sus chacras al mejor postor y pasando a engrosar los cordones de pobreza urbanos.
La eficiencia que pregona el manual desregulador no es social, es meramente corporativa, y su resultado final es el desierto verde y el vaciamiento del entramado rural. Como bien señala Ricardo Maciel en notas periodísticas, si el esquema actual de desamparo y desregulación estatal se mantiene en el corto plazo, en un horizonte de apenas tres a cinco años la actividad yerbatera marchará inexorablemente hacia un escenario de concentración extrema, donde la agricultura familiar habrá sido completamente borrada del mapa.
El impacto negativo de los oligopolios en las economías regionales argentinas no es un fenómeno exclusivo de la tierra colorada, sino un patrón sistemático de estrangulamiento que destruye el federalismo productivo. Desde una perspectiva académica y estructural, diversos economistas agrarios explican que los mercados de economías regionales tienden de forma natural a lo que se denomina un "oligopsonio", un escenario donde hay miles de vendedores atomizados pero muy pocos compradores con el poder absoluto de fijar las reglas de juego.
Cuando dos o tres empresas dominan la compra de la materia prima y la góndola final, se anula la verdadera competencia y se destruye el valor de origen. Lo vemos de manera idéntica en la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde un puñado de firmas exportadoras y empacadoras fija a su antojo el precio de la manzana y la pera, pagando a los productores centavos por kilo mientras el consumidor en Buenos Aires abona fortunas; el resultado ha sido el abandono masivo de chacras tradicionales y la reconversión forzada de la tierra.
Ocurre también en el sector vitivinícola de Mendoza y San Juan, donde la concentración de los grandes grupos bodegueros y fraccionadores asfixia al viñatero independiente, obligándolo a entregar su uva sin precio cierto, repitiendo el mismo esquema de desamparo que hoy sufre el sector yerbatero. Incluso en la cuenca lechera de Santa Fe y Córdoba, la asimetría entre las mega industrias lácteas, las cadenas de supermercados y el tambero de a pie ha provocado el cierre incesante de tambos medianos durante las últimas décadas, demostrando que la asimetría de poder es letal para el arraigo rural.
La desregulación absoluta y el desmantelamiento de los mecanismos de arbitraje estatal no representan una búsqueda de eficiencia genuina, sino la convalidación política de un modelo económico de exclusión que beneficia de manera directa a los sectores concentrados de la riqueza y a los socios del poder, dándole la espalda al pueblo trabajador.
Al amparo de la receta ortodoxa del "libre mercado", el excedente financiero de los grandes jugadores de la economía no fluye hacia las bases operativas de la producción ni dignifica el jornal del eslabón más débil ; por el contrario, se utiliza como combustible para la voracidad de un sistema oligopólico que expande su capacidad de concentración y desplaza sistemáticamente al pequeño productor.
Como bien lo explica la teoría económica agraria sobre el fenómeno del "oligopsonio", la ausencia de regulaciones en mercados estructuralmente asimétricos permite que un puñado de corporaciones con poder absoluto fije de manera arbitraria las reglas de juego y aplaste a miles de vendedores atomizados. La rentabilidad concentrada deviene así en un proceso de colonización interna, donde los recursos y la tierra quedan en manos de unos pocos beneficiarios del centralismo, mientras que la agricultura familiar y los trabajadores rurales son empujados inexorablemente hacia los cordones de pobreza urbanos.
Ante la crudeza de un esquema que destruye el federalismo productivo y vacía el entramado rural en beneficio de un puñado de corporaciones, se vuelve urgente y vital cambiar el modelo económico actual. Es imperioso restituir al Estado en su rol de árbitro y garante para asegurar un piso de dignidad que proteja al productor, defienda el arraigo social y ponga fin a un sistema diseñado a la medida de los más ricos.
*Periodista
