Después de semanas de reclamos vecinales, denuncias policiales y una creciente preocupación por la seguridad en el barrio Ingar 120 Viviendas de Itaembé Miní, la Policía de Misiones allanó este jueves una vivienda señalada como el lugar donde permanecían tres perros de raza pitbull acusados de protagonizar reiterados ataques a otros animales de la zona.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Novena de la Unidad Regional X, junto con integrantes de la Mini Brigada, la División Brigada de Canes y personal del Instituto Municipal de Sanidad Animal (IMUSA), en cumplimiento de una orden judicial librada en el marco de una investigación que se inició tras numerosas denuncias y declaraciones recepcionadas en los últimos días.

Durante el allanamiento, desarrollado en presencia del propietario del inmueble y de testigos, los uniformados secuestraron tres ejemplares de raza pitbull: un macho de pelaje blanco, una hembra gris y otro macho marrón con blanco. Los animales fueron trasladados posteriormente a dependencias del IMUSA, donde permanecerán bajo resguardo y evaluación profesional mientras continúan las actuaciones judiciales.

La medida representa el primer avance concreto en una problemática que los vecinos denuncian desde hace años y que tomó mayor visibilidad pública tras la difusión de imágenes de un reciente ataque ocurrido en plena vía pública, donde una jauría de perros terminó matando a otro can.

Un barrio marcado por el miedo

La investigación que derivó en el allanamiento se aceleró durante los últimos días, luego de que residentes del barrio decidieran exponer públicamente una situación que, aseguran, se viene repitiendo desde hace largo tiempo.

Según los testimonios recogidos por la Policía y por este Diario, los animales señalados escapaban frecuentemente del inmueble donde eran mantenidos y recorrían las calles sin bozal ni medidas de contención.

Los vecinos sostienen que los ataques a otras mascotas se transformaron en una constante y que el temor ya no se limita a los animales domésticos.

“Hay familias que tienen miedo de que un chico termine siendo atacado”, señalaron durante una de las reuniones mantenidas con efectivos policiales y representantes del Foro de Seguridad de la zona.

Las denuncias apuntan a que los perros constituían un peligro permanente para quienes transitaban por el barrio, alterando la vida cotidiana de los residentes y obligando a muchos a modificar sus recorridos habituales.

“A mi perro directamente se lo comieron”

Entre quienes decidieron romper el silencio se encuentra Mónica Scholles, vecina del barrio y una de las personas que sufrió la pérdida de una mascota en circunstancias similares a las que se hicieron públicas esta semana.

En diálogo con el matutino colega Primera Edición, la mujer recordó con profundo dolor el episodio ocurrido meses atrás.

“En el caso de mi perro no hubo video, pero hubiera sido algo muy fuerte de ver porque directamente se lo comieron”, relató.

Según explicó, el ataque ocurrió durante la noche y el impacto emocional fue tan grande que no pudo registrar imágenes de la escena.

“Yo estaba destruida. Vi a mi perro destripado y no me animé a sacar fotografías. Fue de noche y nadie grabó nada”, recordó.

La vecina aclaró que, pese a la ausencia de registros particulares, personal de Criminalística y de la Policía Científica intervino en aquel momento y realizó las pericias correspondientes.

Para Scholles, el reciente operativo policial es consecuencia directa de la acumulación de denuncias y de la repercusión pública que tuvieron los últimos hechos.

“Los expedientes ya estaban en marcha, pero ahora se empezó a mover todo porque la situación se volvió imposible de ignorar”, afirmó.

“Esto no empezó ahora”

Otra de las vecinas que viene impulsando reclamos es Paola Funes, residente de la zona desde hace más de veinte años.

Según indicó, los problemas vinculados a los pitbulls denunciados no son recientes. “Venimos viviendo esta situación desde hace dos o tres años. Lo que pasó ahora simplemente hizo visible algo que ya veníamos denunciando”, sostuvo.

Funes recordó que en marzo de este año ocurrió un episodio prácticamente idéntico al que tomó estado público recientemente.

“También mataron a un perro y quedó en condiciones terribles. La diferencia es que en aquel momento nadie filmó nada y el caso terminó perdiéndose entre trámites y actuaciones”, explicó.

La vecina cuestionó además la forma en que los animales eran mantenidos y aseguró que la raíz del problema es la falta de responsabilidad de los propietarios.

“El problema no son los pitbulls. El problema son los dueños. Es una tenencia irresponsable. Los animales pasan hambre, están hacinados y después terminan escapando”, afirmó.

De los ataques a una causa por amenazas

La tensión en el barrio alcanzó un nuevo nivel cuando una de las damnificadas presentó una denuncia penal por amenazas.

La mujer, propietaria del perro que murió en el último ataque, denunció que fue intimidada e insultada por los dueños de los animales después de que el caso trascendiera públicamente.

Según la presentación realizada ante las autoridades, los involucrados habrían intentado silenciar los reclamos vecinales y evitar que la situación continuara tomando estado público.

A partir de entonces, varios residentes decidieron respaldar la denuncia y prestar declaración testimonial ante la Policía.

Los vecinos coincidieron en señalar que cada vez que intentaron dialogar con los propietarios para exigir una tenencia responsable de los animales recibieron respuestas agresivas, insultos y amenazas.

Esta situación provocó que la investigación judicial ampliara su alcance.

Lo que inicialmente se perfilaba como una causa relacionada con la tenencia de animales potencialmente peligrosos comenzó a incorporar nuevos elementos vinculados a presuntos hechos de intimidación y amenazas.

El rol del IMUSA y lo que viene

Tras el allanamiento realizado este jueves, los tres perros quedaron oficialmente bajo custodia del Instituto Municipal de Sanidad Animal.

Allí serán sometidos a evaluaciones veterinarias y de comportamiento que permitirán determinar su estado general y aportar información a la causa judicial.

Mientras tanto, los vecinos esperan que la medida marque un punto de inflexión en un conflicto que lleva años generando preocupación en el barrio.

La expectativa ahora está puesta en los resultados de las evaluaciones y en las decisiones que adopte la Justicia respecto de los animales y de las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.