Por decisión de la Nación, a contrarreloj y con más dudas que certezas, Misiones se encamina hacia un cambio profundo en su sistema judicial: desde el 5 de septiembre comenzará a regir la nueva Ley Penal Juvenil, que permitirá imputar penalmente a chicos desde los 13 años. Una decisión que ya genera polémica y pone bajo presión a toda la estructura institucional de la provincia.

La fecha no admite discusión. Lo confirmó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz: la ley entra en vigencia automáticamente a los 180 días de su promulgación. En otras palabras, el sistema deberá aplicarla esté o no preparado.

Mientras tanto, dentro del Poder Judicial se multiplican las reuniones y los intentos de reorganización. Jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos trabajan en la elaboración de protocolos para afrontar el nuevo escenario. Sin embargo, el problema de fondo es que la estructura actual ya viene funcionando con limitaciones importantes.

Hoy, Misiones cuenta con apenas cinco juzgados con competencia en materia juvenil y correccional, de los cuales dos están vacantes. Aun así, deben sostener el funcionamiento cotidiano y prepararse para una reforma que promete aumentar la carga de trabajo y la complejidad de los casos. Desde el propio sistema reconocen que la situación es ajustada y que el margen de maniobra es cada vez menor.

El punto más controvertido de la ley es la baja de la edad de punibilidad. A partir de septiembre, adolescentes desde los 13 años podrán ser alcanzados por el sistema penal. Mientras algunos sectores consideran que esto permitirá dar una respuesta más firme frente al delito juvenil, otros advierten que podría agravar problemas sociales sin atacar sus causas estructurales.

Desde el discurso oficial se insiste en que la privación de libertad será una medida excepcional, priorizando alternativas de carácter socioeducativo orientadas a la reinserción. Sin embargo, esto abre otro interrogante clave: si el sistema ya presenta limitaciones, ¿cómo se sostendrán estas políticas en la práctica?

En términos de infraestructura, la provincia cuenta con dispositivos limitados para alojar a menores en conflicto con la ley, con capacidad acotada y recursos finitos. A esto se suma la necesidad de incorporar nuevas figuras profesionales, como el “supervisor”, que deberá acompañar de cerca cada proceso judicial. Todo esto implica una mayor demanda de personal especializado en un contexto donde los recursos no sobran.

El debate sobre el financiamiento también comienza a tomar fuerza. Las provincias absorben la mayor parte del funcionamiento del sistema judicial, pero no siempre reciben fondos acordes a las nuevas responsabilidades. En este caso, la implementación de la ley llega sin señales claras de un refuerzo presupuestario significativo.

Con el calendario avanzando sin pausa, Misiones entra en una etapa de transición marcada por la incertidumbre. La ley ya tiene fecha de inicio y el desafío es llegar en condiciones a ese momento. Lo que está en juego no es solo la aplicación de una norma, sino la capacidad del Estado para responder ante una problemática compleja que involucra a jóvenes, familias y al conjunto de la sociedad.

La cuenta regresiva ya empezó. Y con ella, crecen las dudas sobre si el sistema podrá sostener el impacto de un cambio que promete ser tan profundo como controvertido.