El PRO Misiones decidió pasar de las advertencias a la acción y abrió un frente político e institucional que puede generar repercusiones en distintos municipios de la provincia e incluso en la Legislatura.

La conducción provincial del partido presentó reclamos formales para recuperar seis bancas de concejales y una banca de diputado provincial ocupadas por dirigentes que, según sostiene el espacio, abandonaron la fuerza política que los llevó al cargo.

La ofensiva alcanza a dos concejales de San Javier y a representantes legislativos de Garupá, Puerto Rico, Oberá y Eldorado. A ellos se suma un diputado provincial cuyo caso también fue llevado a consideración de las autoridades electorales.

Desde el PRO argumentan que las bancas pertenecen a los partidos políticos y no a las personas que circunstancialmente las ocupan. Para sostener esa posición citan la Ley Orgánica de los Partidos Políticos de Misiones, que establece que la titularidad de las bancas corresponde a los espacios que postularon las candidaturas.

La jugada abre una discusión que excede al propio PRO y que podría impactar en todo el sistema político provincial.

La pregunta de fondo es simple pero explosiva: ¿qué ocurre cuando un dirigente llega a un cargo electivo por un partido y luego decide militar o alinearse con otra fuerza política?

Para el PRO, la respuesta es clara: debe producirse el corrimiento de lista y asumir quien sigue en la nómina original avalada por los electores.

Para quienes actualmente ocupan esos lugares, la interpretación podría ser diferente.

El caso que más ruido comenzó a generar es el de Puerto Rico.

Allí ingresó una presentación formal ante el Concejo Deliberante y el Tribunal Electoral reclamando que la banca vuelva al dirigente Walter Silvano Heck.

La notificación fue acompañada por una consigna que rápidamente encendió la polémica política local: “Recuperar las bancas es devolver la dignidad al Concejo Deliberante”.

La frase cayó como una bomba en el ambiente político de la ciudad.

Algunos dirigentes interpretaron el mensaje como una crítica directa a la legitimidad política de quienes actualmente integran el cuerpo deliberativo.

El planteo ya comenzó a instalar un debate incómodo en varios municipios donde dirigentes elegidos bajo el paraguas del PRO terminaron alejándose del espacio o integrándose a otros sectores políticos.

Desde la conducción provincial sostienen que no se trata solamente de una discusión jurídica sino también ética.

Argumentan que los ciudadanos votan listas, proyectos políticos e identidades partidarias, y que abandonar ese mandato una vez obtenido el cargo constituye una distorsión de la voluntad popular expresada en las urnas.

La estrategia del partido no parece casual.

En un contexto donde distintos espacios políticos atraviesan procesos de reconfiguración, creación de nuevos frentes y movimientos internos, el PRO decidió dar una señal de autoridad hacia adentro y hacia afuera.

El mensaje es contundente: quienes llegaron a una banca bajo el sello amarillo no podrán asumir que el cargo les pertenece automáticamente si luego deciden cambiar de camiseta política.

Ahora la discusión quedó en manos de los Concejos Deliberantes y del Tribunal Electoral.

Si alguno de esos planteos prospera, podría sentarse un antecedente de enorme relevancia para la política misionera.

Porque ya no se trataría solamente de una pelea por siete bancas.

Se trataría de definir si en Misiones las bancas pertenecen a las personas que las ocupan o a los partidos que las conquistaron en las urnas.