Por Luis Huls*

El ajuste por izquierda o por derecha ya nos alcanzó a todos: salarios, consumo, servicios y política. Eso no se discute, lo que tenemos que discutir ahora es quién se hace cargo y cómo salimos.

El ministro Safrán le puso números al ajuste: a Misiones le están entrando 40 mil millones de pesos menos por mes. Es el resultado de una economía nacional que no crece, pese a que tenemos un presidente "especialista en crecimiento con y sin dinero". Muchos dirán que los ingresos brutos de Misiones son el problema, pero las empresas nacionales que cierran todos los días demuestran que la crisis es nacional: Fate, Whirpool, Sancor, Jhonson y Jhonson, Dass, Essen, Frávega, etc.

Ese agujero fiscal tiene consecuencias directas en el bolsillo de los ciudadanos de a pie. En la paritaria municipal el gremio pedía $150 mil y terminó cerrando por $65 mil de aumento. La paritaria provincial cerró en 5%, en línea con la inflación. Los trabajadores necesitan ganar más, nadie discute eso, pero la matemática también gobierna: cuando no hay ingresos, no hay margen. El “no hay plata” dejó de ser un slogan para convertirse en una realidad: no hay para salarios, no hay para viviendas, no hay para medicamentos. Y tampoco hay en el bolsillo de la gente. Por eso cae el consumo, por eso cierran los comercios.

En la yerba mate es muy fácil comprobar el deterioro. En 2023, un productor necesitaba dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil. Hoy necesita cuarenta. La ecuación es brutal: desregulación que pulverizó el precio y costos que se disparan. La semana pasada el combustible subió tres veces. Y después nos prometen que van a frenar la inflación.

El ajuste no solo pegó: sigue pegando. Este año no hay señales de recuperación y el clima social empieza a cargarse de tensión. Vamos a tener un año conflictivo. La dirigencia no puede seguir en piloto automático. Quienes tienen responsabilidades políticas, económicas y sociales tienen que salir de la comodidad, abandonar la oficina con aire acondicionado y volver al territorio.

El conflicto con las boletas de agua de Samsa es un síntoma de la poca paciencia. Hoy la empresa tiene más de 106 mil conexiones y, en un contexto de crisis económica generalizada, el agua que antes no era un peso al bolsillo familiar, se sumó al combo de las preocupaciones.

La paciencia social se va a terminar, y los primeros que van a saberlo son los vivos que se disfrazan de servidor público y utilizan los cargos en el Estado como un negocio personal.

En ese contexto, la reconfiguración interna del Gobierno es necesaria, incluso más profunda. Nadie debe sentir que tiene el cargo asegurado. Y menos los burócratas que se creyeron permanentes. La política necesita volver a tener consecuencias.

Después, en campaña, aparecen. Se sacan fotos, reparten promesas y confían en que alguien más haga el trabajo. Que Rovira “frote la lámpara” y, con alguna estrategia electoral, garantice la victoria como hizo tantas veces. Que la ley de lemas ordene lo que ellos no construyen. Esa lógica se está agotando. El margen se achicó. Y todavía son pocos los que lo entienden.

A esto se suman las contradicciones constantes del oficialismo. Mientras en la provincia se dice una cosa, en el Congreso se vota otra, muchas veces alineados con las políticas nacionales que después se critican puertas adentro. Esa doble vara erosiona credibilidad.

Credibilidad que tampoco logra la oposición, porque no tiene un plan concreto sino propuestas aisladas, como eliminar anticipos de Ingresos Brutos en puestos de control del Arco: eso no alcanzan para ofrecer un rumbo a los misioneros. Además es un disparo en el pié. Como se le va pagar el aumento de sueldo que él mismo reclama para los policías si al mismo tiempo busca cortar el ingreso de recaudación provincial. Hace rato la oposición no tiene un plan más que colgarse del malhumor social o de una boleta presidencial, como antes hizo el PRO y ahora intentan los libertarios.

Y en ese clima aparece Caraguatay. Un intendente denunciado por violación pide licencia y asume una concejal recientemente alineada con La Libertad Avanza, que hasta hace cinco minutos era renovadora. Hay versiones cruzadas y un escenario enrarecido. Pero hay un principio básico que no admite matices: si es culpable, debe responder ante la Justicia sin ningún tipo de protección. Y si no lo es, el uso político de una denuncia de semejante gravedad para apoderarse de un cargo público sería aún más grave y podría salpicar a la cúpula provincial libertaria.

Lo que sí está claro es otra cosa: el oficialismo no puede proteger a nadie en este contexto. Y la oposición libertaria tampoco puede seguir construyendo poder a base de transfuguismo. Porque lo que hoy celebran como “armado político” es la compra de concejales que eran del radicalismo o del pro. Acaso no eran los anticasta, los que venían a ponerle moral a la política. Están actuando como la vieja política, comprando dirigentes y pagándole con cargos políticos en organismos nacionales. Eso mañana puede volverse en contra. El reciclaje de nombres es oportunismo. Y no deben olvidar que el que traiciona una vez, traiciona siempre.

La política misionera ya no puede esconderse detrás de excusas. La economía se achicó, la sociedad cambió y la tolerancia también. El problema ya no es si hay crisis. El problema es quién está a la altura para enfrentarla. Tienen que trabajar por los misioneros, todos, no por sus bolsillos. Porque esta vez, no hay plata, no hay margen y no hay excusas. El que no reaccione, el año que viene se queda afuera, si la paciencia social no termina antes.

*Director de Misiones Opina