La crisis salarial que atraviesan distintos sectores del empleo público volvió a ocupar un lugar central en la sesión de este jueves de la Cámara de Representantes de Misiones. Mientras docentes se manifestaban frente al edificio legislativo para exigir una recomposición salarial, los diputados provinciales Ramón Amarilla y Cristian Castro plantearon en el recinto la necesidad de adoptar medidas urgentes para enfrentar dos problemas que, según advirtieron, golpean cada vez con más fuerza a miles de familias misioneras: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el creciente endeudamiento de los trabajadores estatales.

La protesta docente se hizo sentir incluso durante el desarrollo de la sesión. Ante la presencia de los manifestantes, el diputado Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), solicitó un cuarto intermedio para que los presidentes de bloque pudieran salir a dialogar con los trabajadores que aguardaban en el exterior de la Legislatura.

El encuentro se extendió durante aproximadamente veinte minutos y permitió a los docentes entregar un petitorio con una extensa lista de reclamos vinculados a cuestiones salariales, laborales y judiciales. También estuvieron diputados del radicalismo, de La Libertad Avanza y de Encuentro Misionero escuchando las demandas.

Entre las principales demandas figuran una urgente recomposición salarial para docentes activos y jubilados, la continuidad de una mesa de negociación permanente, la actualización de la movilidad jubilatoria, mejoras en la infraestructura escolar, incremento de las partidas para comedores escolares, pase a planta permanente de personal de servicio y el cese de sumarios y procesos judiciales contra trabajadores que participan de protestas gremiales.

Los manifestantes también cuestionaron la implementación del Sistema Único de Novedades y Asistencia (SUNA), reclamaron que se investiguen denuncias de corrupción en el ámbito educativo y expresaron su rechazo a cualquier iniciativa que limite el derecho a huelga bajo la figura de la educación como servicio esencial.

Amarilla pidió una recomposición salarial urgente

Tras el encuentro con los manifestantes, el diputado Ramón Amarilla, del bloque Algo Nuevo, utilizó su intervención en el recinto para reclamar respuestas inmediatas a la crisis que atraviesan los trabajadores de la educación.

“Los docentes no están en las calles por elección. Están ahí afuera por la inflación y por la falta de respuestas dignas que han destruido su poder adquisitivo, empujándolos a medidas de fuerza para defenderse”, sostuvo.

El legislador incorporó proyectos vinculados al conflicto y planteó la necesidad de garantizar una recomposición salarial para docentes activos y jubilados.

“Aprendí que la educación pública se sostiene con salarios dignos, con herramientas adecuadas y con empatía. Considero urgente una recomposición salarial para los docentes activos y una movilidad jubilatoria inmediata para los pasivos, porque cuidar a quienes educan es responsabilidad de todos”, afirmó.

Amarilla también cuestionó la respuesta oficial frente a los reclamos gremiales y denunció un proceso de judicialización de la protesta.

“El acta de acuerdo fue creada para pacificar y resolver un conflicto laboral. Sin embargo, la respuesta del Poder Ejecutivo ante el legítimo reclamo sectorial ha sido la persecución y la criminalización de la protesta”, señaló.

Asimismo, recordó las causas judiciales iniciadas contra dirigentes sindicales y sostuvo que reclamar por mejores salarios no puede ser considerado un delito.

Castro apuntó contra el endeudamiento

Por su parte, Cristian Castro grabó y publicó en redes sociales un mensaje dirigido al gobernador remarcando un problema que golpea a los trabajadores estatales: el creciente nivel de endeudamiento generado por préstamos otorgados por mutuales y entidades financieras.

Durante su intervención, el legislador aseguró que miles de empleados públicos se vieron obligados a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos debido al deterioro de sus ingresos.

“Nadie toma un crédito al 141 por ciento porque quiere. Lo hacen porque necesitan comprar alimentos, medicamentos o afrontar gastos extraordinarios que ya no pueden cubrir con su salario”, afirmó.

Según explicó, el problema se agrava porque gran parte de esas deudas se descuentan directamente de los recibos de sueldo mediante códigos de descuento autorizados por el Estado.

“El Estado termina actuando como garante de financieras y mutuales por encima de los propios trabajadores”, cuestionó.

Ante esta situación, Castro propuso suspender los descuentos automáticos sobre los salarios de los empleados públicos y planteó que el Gobierno provincial intervenga para refinanciar las deudas existentes.

La iniciativa contempla que el Estado absorba el capital adeudado por los trabajadores y posteriormente recupere esos recursos mediante cuotas accesibles y actualizadas únicamente por inflación.

“No se trata de regalar dinero. Se trata de sacar a miles de familias de una trampa financiera que hoy consume buena parte de sus salarios y les impide llegar a fin de mes”, sostuvo.

El diputado remarcó que la situación afecta a trabajadores de la educación, la salud pública, la Policía, la administración central y también a jubilados y pensionados provinciales.

Dos caras de un mismo problema

Aunque abordaron problemáticas distintas, las intervenciones de Amarilla y Castro tuvieron un diagnóstico común: la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Mientras los docentes reclamaban en las puertas de la Legislatura una recomposición salarial que les permita recuperar ingresos frente a la inflación, dentro del recinto la oposición vinculó directamente esa caída del salario con el crecimiento del endeudamiento entre empleados públicos.

La jornada dejó así expuesta una preocupación compartida por distintos sectores: la dificultad creciente de miles de trabajadores para sostener sus gastos cotidianos y la necesidad de encontrar respuestas que permitan aliviar una situación económica que se ha transformado en uno de los principales focos de conflicto social en la provincia.