El diputado provincial Cristian Castro (Partido Agrario y Social) volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas que desde hace años atraviesa a miles de empleados públicos de Misiones: el creciente nivel de endeudamiento con mutuales y entidades privadas que cobran directamente las cuotas de los préstamos mediante descuentos automáticos sobre los haberes.

Durante la sesión de este jueves, el legislador solicitó tratamiento preferencial para tres iniciativas recientemente incorporadas, entre ellas el proyecto de "Ley de Protección del Salario de los Agentes Públicos y Prohibición de Códigos de Descuento para Créditos Privados", una propuesta que apunta a eliminar un sistema que, según sostuvo, convirtió al Estado provincial en garante de negocios financieros privados.

En un discurso cargado de cuestionamientos al Poder Ejecutivo, Castro afirmó que el problema dejó de ser una situación individual para transformarse en un fenómeno social que alcanza a miles de familias misioneras.

"Hay miles de trabajadores públicos que cobran su sueldo y antes de disponer de un solo peso ya tienen descontadas las cuotas de préstamos otorgados por mutuales y entidades privadas", advirtió desde su banca.

El legislador sostuvo que el salario posee un carácter alimentario y cuestionó que termine funcionando como garantía de operaciones crediticias celebradas con entidades privadas.

Un recorrido por las normas vigentes

Para fundamentar su iniciativa, Castro repasó la legislación provincial vigente y aseguró que el propio marco normativo demuestra las contradicciones del sistema.

Recordó que la Ley VII Nº12, sancionada en 1986, establece expresamente cuáles son los descuentos autorizados sobre los salarios estatales, entre ellos aportes previsionales, obra social, cuotas sindicales, seguros obligatorios, cuotas alimentarias y otros conceptos taxativamente previstos.

Sin embargo, afirmó que con el paso de los años comenzaron a incorporarse mecanismos que permitieron el ingreso de mutuales y entidades financieras mediante códigos de descuento administrados por el propio Estado.

También recordó que la Ley 4509 fijó un límite del 39% para los descuentos sobre el salario, aunque sostuvo que en la práctica esa restricción terminó siendo burlada mediante la coexistencia de distintos códigos otorgados a diferentes entidades.

"Echa la ley, hecha la trampa", resumió.

Críticas al Gobierno

Uno de los puntos más duros de su intervención estuvo dirigido al funcionamiento del Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD), creado por decreto en 2019 durante el primer mandato del gobernador Hugo Passalacqua.

Según Castro, el organismo permaneció prácticamente inactivo durante años y recién comenzó a contar con personal mediante una resolución del Ministerio de Hacienda firmada el pasado 12 de mayo.

A su entender, esa demora refleja la falta de controles estatales sobre un sistema que permitió la expansión de préstamos con tasas extremadamente elevadas.

Incluso cuestionó que recién en junio de este año Hacienda haya reglamentado nuevamente el tope máximo del 39%, cuando ese límite ya se encontraba previsto por una ley sancionada hace más de quince años.

"El Estado no puede ser garante de los usureros"

La crítica más fuerte estuvo dirigida al rol que desempeña actualmente la administración provincial en el cobro de esos créditos.

Castro afirmó que mientras un banco puede ofrecer financiamiento con tasas considerablemente menores, existen mutuales y entidades que aplican intereses mucho más altos gracias a la seguridad que les brinda el descuento automático sobre los salarios.

"El Estado hoy presta su estructura para cobrar de manera automática créditos privados. Mientras exista este mecanismo, estas entidades financieras tienen prácticamente asegurado el cobro y eso incentiva la oferta de préstamos con condiciones leoninas y abusivas", sostuvo.

En ese contexto lanzó una de las frases más duras de su exposición.

"El Estado no puede ser garante de estos usurarios. Debe proteger el salario de sus trabajadores y no garantizar la rentabilidad de quienes prestan dinero."

Qué propone la ley

La iniciativa establece la prohibición para que el Poder Ejecutivo otorgue, renueve o mantenga códigos de descuento destinados al cobro de préstamos, financiaciones u otras operaciones crediticias celebradas con personas o entidades privadas, incluyendo mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, fideicomisos y financieras.

Además impide que organismos públicos actúen como agentes de retención o cobranza de obligaciones surgidas de contratos privados.

Los códigos actualmente vigentes deberían eliminarse en un plazo máximo de 180 días, tiempo durante el cual acreedores y deudores deberán adecuar sus mecanismos de pago sin intervención del Estado.

La propuesta mantiene únicamente los descuentos vinculados con obligaciones legales, como aportes previsionales, obra social, cuotas sindicales, alimentos fijados judicialmente y demás conceptos expresamente autorizados por ley.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que el Estado debe garantizar salarios dignos y proteger el ingreso de los trabajadores, pero no convertirse en una herramienta que reduzca el riesgo comercial de entidades financieras privadas.

Para Castro, la discusión excede los porcentajes permitidos o las tasas de interés. El verdadero debate, afirmó, consiste en definir si el Estado estará del lado de quienes viven de su salario o continuará facilitando un sistema que asegura el cobro de créditos privados mediante descuentos compulsivos sobre los haberes públicos.