Por Luis Huls*

Javier Milei llegó el viernes por primera vez a Misiones como presidente para hablar ante ejecutivos de las finanzas del país y ratificar su decisión de “redoblar la ortodoxia” sin torcer el rumbo por un “capricho electoral”. Traducido a la economía cotidiana, significa sostener el ajuste, mantener el consumo aplastado, los salarios anclados y un dólar barato como parte de la estrategia para consolidar la estabilidad.

A nivel nacional ya se conocen de sobra los resultados del modelo. Pero, a nivel provincial, ¿qué Misiones quieren los libertarios?

Si Diego Hartfield y Adrián Núñez pretenden gobernar la provincia en 2027, deberían empezar a explicarlo. No alcanza con decir que quieren “un cambio” o que defienden las políticas de Javier Milei. Los misioneros tienen derecho a saber qué harían con la salud pública, la educación, la obra pública, los salarios, la producción y las políticas sociales.

Si ellos no lo explican, hay algunos hechos y definiciones de los últimos días que permiten imaginar el rango de decisiones, prioridades y elecciones que podrían esperarles a los misioneros si los libertarios llegan a la gobernación.

Por ejemplo: Milei confirmó que la caída del salario de los empleados públicos forma parte de la lógica de su modelo.

Otro: Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones, reconoció que la desregulación está haciendo sufrir al eslabón más débil de la cadena yerbatera, aunque asegura que la actividad “va a explotar” en los próximos años.

Diego Hartfield, mientras tanto, relativizó el problema del endeudamiento de millones de argentinos y dijo que endeudarse no está mal, a pesar de que 110 mil misioneros se encuentran en situación de mora considerada irrecuperable por haber quedado atrapados en deudas que, en muchos casos, contrajeron por necesidad y a tasas muy elevadas. En Diputados, además, votó contra el tratamiento de proyectos destinados a aliviar la situación de los deudores.

No son hechos aislados. Son tres ejemplos de una misma concepción: cuando el salario cae, es parte del modelo; cuando el productor pierde plata, debe reconvertirse; cuando una familia no puede pagar sus deudas, es un problema entre privados.

Sin embargo, el Estado sí intervino para desregular la tasa de interés, sí intervino para fijar un tope a las paritarias y anclar salarios, sí interviene para mantener un dólar barato y sigue cobrando IVA e impuesto a los combustibles mientras recorta obras y servicios.

Entonces, Milei prácticamente retiró al Estado nacional de la obra pública. Trasladado a la provincia, ¿qué significaría? Que el Iprodha dejaría de construir viviendas para familias misioneras, que Vialidad dejaría de atender rutas, caminos y picadas en las colonias. ¿Y qué pasaría con las escuelas, los hospitales, el agua potable, el asfaltado, el empedrado y el cordón cuneta?

Son obras que cambian la vida concreta de miles de misioneros.

Lo mismo ocurre con los salarios. Cuando Milei plantea que deben caer los ingresos de los empleados públicos, en Misiones está hablando de docentes, médicos, enfermeros, policías y trabajadores estatales. No de una abstracción llamada “casta”. El maestro rural no es la casta. La enfermera no es la casta. El policía que trabaja de madrugada tampoco. Reducir esos salarios también significa sacar consumo de la mesa de las familias y de la economía misionera.

La salud y la educación enfrentan la misma lógica. Nación recortó recursos para hospitales, universidades, ciencia, discapacidad y organismos técnicos. En Misiones, donde la salud pública atiende a miles de personas y la UNaM permite estudiar a jóvenes que no podrían pagar una universidad privada, el retiro del Estado significa dejar a mucha gente con menos posibilidades de curarse, de estudiar y de mejorar sus condiciones de vida.

La yerba mate es todavía más evidente.

La desregulación del INYM dejó al productor cobrando valores similares o inferiores a los de 2023, mientras en ese período el costo de vida aumentó 500%, la nafta 800%, la tarifa mayorista de electricidad más de 400% y la de agua más de 2000%.

Núñez admite que hay un eslabón que está sufriendo, pero pide esperar una recuperación futura. Sturzenegger, directamente, llegó a sugerir que los productores se dediquen a otra cosa.

El problema es que un pequeño productor no tiene necesariamente los ahorros, los conocimientos ni la capacidad para cambiar de actividad. Se dedica a la yerba porque la heredó de sus padres y ellos de sus abuelos. Pero además, la yerba es cultura, identidad y tradición. Son palabras que envuelven conceptos mucho más valiosos y arraigados que un simple producto de consumo.

Y cuando una economía regional tan importante pierde rentabilidad, no pierde solamente el productor. Pierden los tareferos, los transportistas, los comercios, los talleres y los pueblos que viven de esa actividad. En Misiones son 400 mil millones de pesos al año que dejaron de entrar a los bolsillos de 13 mil familias y que dejaron de circular por ferreterías, concesionarias, supermercados, tiendas, agroveterinarias y otros componentes de la economía provincial.

Con las familias endeudadas aparece exactamente la misma filosofía. Si una persona no puede pagar una tarjeta o un préstamo, que se arregle con el banco. Y en Misiones son 110 mil las que no pueden pagar, según datos bancarios.

Si el comerciante no vende, que cierre, como ocurrió con cientos de comercios en los últimos dos años.

Si una fábrica como Dass o un aserradero como Linor no puede competir, que deje de producir y deje a los trabajadores en la calle.

Si el productor pierde plata, que se reconvierta, venda el yerbal o se dedique a otra cosa.

Si el empleado público gana menos, que ajuste sus gastos o busque un segundo trabajo.

Cada uno por su cuenta.

Esa es la lógica que está mostrando el modelo de La Libertad Avanza y que están defendiendo quienes quieren gobernar Misiones desde ese espacio. Por eso cabe preguntarse si pretenden traer ese modelo a la provincia.

¿Qué hará un gobierno libertario cuando una familia necesite un hospital o una vivienda, un chico necesite una escuela, un productor necesite asistencia técnica, un barrio necesite agua o una localidad necesite una ruta? ¿Hará lo mismo que hace Milei a nivel nacional? ¿Cero escuelas nuevas? ¿Cero hospitales nuevos? ¿Menos mantenimiento de las rutas? ¿Menores salarios para los trabajadores?

En Misiones hay gastos que revisar, privilegios que eliminar, estructuras que mejorar y burocracia que reducir. Pero una cosa es hacer más eficiente al Estado y otra muy distinta es retirarlo de las áreas donde todavía resulta imprescindible.

Por eso Hartfield y Núñez deberían responder antes de pedir el voto en 2027.

¿Van a sostener el Iprodha? ¿La salud pública? ¿La universidad pública? ¿La asistencia al pequeño productor? ¿La obra pública? ¿Los salarios de docentes, médicos, enfermeros y policías? ¿La regulación de las actividades donde el pequeño queda en desventaja frente al grande?

Porque si la respuesta es aplicar en Misiones el mismo modelo que hoy defienden en la Nación, entonces no hace falta esperar a 2027.

Ya sabemos qué ofrece ese modelo: menos Estado, menos obra, menos regulación, menos salario y menos protección. Y cuando algo no funcione, la respuesta será siempre la misma: que cada uno se arregle como pueda.

*Director de Misiones Opina