Por Matías Blanco*

La tranquilidad que caracteriza a Misiones se vio trastocada en estos días, al galope de una crisis que ensancha cada vez más la brecha entre el sueldo y el fin de mes, y que tuvo una consecuencia concreta con las boletas exorbitantes emitidas por la empresa Agua de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA).

Estas tarifas evidenciaban montos de hasta $2 millones en casos de jubilados que perciben ingresos mensuales de $400.000, y de trabajadores públicos cuyos salarios, con los aumentos recientemente otorgados por el Gobierno misionero, alcanzarán un mínimo de $750.000.

Razones por las cuales queda claro que pagar esos montos disparatados genera en las finanzas cotidianas de los usuarios un agujero insalvable para el resto del ciclo mensual. Frente a esta encrucijada, la política ha tenido hasta ahora respuestas diversas, todas ellas ineficientes a la hora de brindar soluciones concretas a una urgencia impostergable.

La presidenta del EPRAC, Soledad Balán, describió la composición tarifaria y encuadró la situación entre sobrefacturaciones y consumos verdaderamente realizados, sin determinar apercibimientos o sanciones para la empresa.

Luego apareció el concejal posadeño Fernando Zarza —electo a través de la construcción política de Por la Vida y los Valores y hoy de perfil filolibertario— para pedir que la administración provincial “estatice SAMSA inmediatamente” y posteriormente la entregue nuevamente en una concesión mixta.

También intervino otro edil de la capital misionera —probablemente deseoso de ganar notoriedad pública—, el libertario Santiago Horianski, quien en la sesión del Concejo Deliberante del pasado 12 de marzo realizó 50 pedidos de informes (que le fueron rechazados) con el objetivo de conocer “cómo se lleva adelante con absoluta realidad” la gestión de Leonardo “Lalo” Stelatto en la administración de los servicios colectivos, reprochando que la negativa renovadora significaba “una complicidad con quienes desordenan la vida y estafan a los vecinos posadeños”.

En otro turno, se conoció el proyecto del ex presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib, que busca instalar bloqueadores de aire en las cañerías (denominados Air Block), ya que se estima que esas filtraciones fueron registradas por los medidores como consumo real, dando lugar a tarifas insólitas.

La iniciativa de Dib parece ser una réplica de un proyecto presentado por Roque Gervasoni en sus épocas de diputado provincial —allá por 2019— en la Legislatura, donde se proponía la instalación de válvulas para contener estas filtraciones, tal como se reveló la semana pasada en una nota publicada por este medio. Sin embargo, la idea jamás prosperó y, siete años después, la sociedad se encontró de frente con un problema de primera magnitud: el acceso al agua potable y su costo, en medio de un verano implacable como los que acostumbra la tierra colorada.

Estimados lectores, como habrán podido ver en este repaso cronológico del conflicto hídrico que hoy genera angustia en los posadeños, ninguno de los actores políticos intervinientes ha explicado con claridad qué medidas concretas se tomarán para resolver un problema tan apremiante como fundamental: cómo pagar esas boletas desproporcionadas sin exponerse a cortes de servicio por morosidad, que luego derivan en reconexiones igual o aún más costosas. Tampoco se ha confirmado si SAMSA será efectivamente multada ante la verificación de casos probados de facturación incorrecta.

También se conoció, a partir de una revelación del colega Fernando Oz en La Voz de Misiones, que el fondo de inversión estadounidense Platinum Equity —propietario de acciones de la empresa Urbaser Global, dentro de la cual opera SAMSA— estaría evaluando vender sus activos y retirarse tanto de la provincia como del país, sin evidencias del cumplimiento de su plan de obras para 2025 ni de las inversiones previstas para 2026.

¿No debería ser esta una razón seria y contundente para que las autoridades provinciales analicen con mayor profundidad una eventual rescisión de la concesión, que vence en 2029? ¿O acaso esperan que los problemas registrados en las últimas semanas se repitan, como un espejo, en los veranos venideros?

Esa necesidad de conexión urgente con lo cotidiano, con el aquí y ahora, fue la lección que la ciudadanía intentó transmitir a la dirigencia política mediante las marchas pacíficas hacia SAMSA realizadas en los últimos dos miércoles. Las tarifas exhibidas por los manifestantes fueron la evidencia inequívoca del daño que puede provocar una mala gestión sobre la vida de los ciudadanos.

En este contexto de crisis extendida, resulta indispensable que quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la cosa pública comprendan que, si no utilizan el ejercicio del poder político para resolver conflictos sociales de magnitud, será la propia ciudadanía la que ejercerá su veredicto en las urnas el próximo año.

Porque así como varios funcionarios advirtieron durante 2024 y 2025 que los derechos conquistados no son inmutables frente al impacto del ajuste del Gobierno nacional de La Libertad Avanza, también deberían tener en claro que la permanencia en sus cargos tampoco es garantizada, ni vitalicia ni inamovible.

En cualquier momento podría llegarles la boleta ciudadana que prescinda de sus servicios. Y en esa instancia, a diferencia de lo que ocurre cuando un usuario no puede pagar una tarifa de agua o energía, el corte de la representación política puede resultar definitivo, con posibilidades de reconexión prácticamente nulas.

*Periodista