La decisión fue cristalizada mediante el decreto Número 1185 con fecha de ayer miércoles 1º de julio, buscando una solución para los litigios judiciales que llevan ambos organismos.
El plazo establecido por el mandatario para hallar alternativas es de 90 días (3 meses), con el objetivo de apuntalar la reorganización de la administración pública misionera en pos de lograr una mayor eficiencia.
Esta normativa que también fue firmada por el ministro de Hacienda, Obras, Finanzas y Servicios Públicos Adolfo Safrán y los interventores liquidadores de las instituciones tendrán que presentarle propuestas al gobernador Hugo Passalacqua.
Cabe recordar que las causas judiciales son producto de la privatización que se aplicó sobre el Banco Provincia De Misiones y el Instituto Provincial Del Seguro en 1995, durante el gobierno de Ramón Puerta. Hoy 31 años después, Passalacqua busca cerrar definitivamente el tema.
