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Por la retracción de las ventas, la asimetría fronteriza y la pérdida del poder adquisitivo, las pequeñas y medianas empresas de la provincia operan al límite. Desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales advierten que medidas judiciales por atrasos breves ahogan financieramente a los comercios e industrias locales.

La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Misiones ha sumado un factor de alta tensión que amenaza con acelerar su deterioro financiero: la ejecución de embargos bancarios por deudas fiscales de apenas uno o dos meses.

Así lo advirtió Martín Halty, empresario y coordinador de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) en Misiones, quien señaló en declaraciones radiales que la presión ejercida por los organismos de recaudación está paralizando el funcionamiento operativo de firmas golpeadas por meses de caída en las ventas.

“Conozco casos de empresarios que adeudan uno o dos períodos de IVA o de cargas sociales y sufren embargos sobre sus cuentas. Esto no solo inmoviliza fondos, sino que traba cheques, interrumpe el crédito y profundiza la crisis”, explicó Halty.

Ante este panorama, desde la entidad instaron al Gobierno nacional a implementar de manera urgente una flexibilización de los embargos fiscales para atrasos de corto plazo, una medida de aplicación inmediata que no generaría costo fiscal directo y daría oxígeno al sector.

El consumo masivo no encuentra piso

El reclamo de los empresarios se produce en un contexto de retracción continua de la actividad económica. Mientras que a nivel nacional el consumo masivo registra una caída acumulada cercana al 3%, en Misiones la baja roza el 10% en alimentos y bebidas, producto del menor poder de compra y de las persistentes asimetrías impositivas y cambiarias con Paraguay y Brasil.

El impacto ya se hace evidente en la recaudación nacional de tributos ligados al dinamismo del mercado interno, como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos, que mostraron bajas interanuales superiores al 6%.

Asimetrías con Paraguay y Brasil: un mapa impositivo desfavorable

La condición fronteriza coloca a Misiones en una posición de vulnerabilidad frente a sus vecinos:

Presión tributaria: El IVA argentino duplica al de Encarnación (Paraguay), a lo que se suman Ganancias e Ingresos Brutos.

Cambio de comportamiento: A diferencia de otros ciclos económicos, el consumidor ya no cruza masivamente la frontera a comprar electrodomésticos o tecnología, sino a buscar insumos de primera necesidad para aliviar la canasta familiar.

Brecha en combustibles: Pese a un recorte de la brecha en los últimos meses, el diferencial de precios sigue derivando fondos de consumo hacia el exterior.

Sin Ley de Emergencia PyME ni respuestas legislativas

Halty lamentó que la proyectada Ley de Emergencia PyME continúe frenada en el Congreso nacional sin dictamen. A su juicio, existen herramientas que el Poder Ejecutivo podría activar para detener el cierre de establecimientos:

Reactivación de la obra pública

Recomposición salarial: Según datos de la ENAC, el salario registrado arrastra una pérdida real de poder adquisitivo del 8,2% al 12,9% (según la medición de canasta aplicada), impactando con mayor fuerza en el sector público nacional (con caídas cercanas al 40%).

Revisión del esquema cambiario: Aseguran que el atraso del dólar oficial resta competitividad a Misiones mientras favorece el flujo de divisas de sectores extractivos concentrados.

Impacto en el empleo y las persianas cerradas

El balance del sector privado en Misiones es crítico. Según las estimaciones difundidas por la ENAC:

3.000 PyMEs habrían cesado sus actividades en la provincia desde el inicio de la actual gestión nacional.

13.000 puestos de trabajo registrados se habrían perdido, de los cuales aproximadamente 10.000 corresponden a la construcción, seguidos por el comercio, los supermercados y las industrias yerbatera y maderera.

El reclamo por el RIGI y la falta de alivio para la producción instalada

Finalmente, desde la entidad cuestionaron que los esquemas de incentivos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorguen marcados beneficios fiscales y cambiarios a proyectos nuevos, mientras que la estructura productiva ya instalada no ha recibido alivios impositivos ni reducciones de costos directos.

“Las empresas que venimos operando y sosteniendo el empleo seguimos con la misma carga impositiva. Pedimos medidas urgentes para evitar que un atraso impositivo coyuntural sea el golpe definitivo para comercios e industrias que están al límite”, concluyó Halty.