En un fallo que sacude el escenario político y educativo nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves mantener la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que había sido aprobada por el Congreso de la Nación tras un intenso debate.

La decisión del máximo tribunal llega en un momento particular, justo después del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Capital Humano y las casas de altos estudios, lo que significa que la resolución judicial no tendrá un impacto económico adicional inmediato sobre las arcas del Estado. Sin embargo, en el plano político, el fallo adquiere una enorme relevancia: se lee como un contundente aval a la legislación vigente y a la soberanía del Parlamento.

El fin de una larga disputa

Al rechazar el recurso presentado por el Estado nacional por "falta de sentencia definitiva", la Corte dejó firmes la actualización salarial para el personal y la recomposición de los programas estudiantiles.

Cabe recordar que, a principios de este mes, la cartera conducida por Sandra Pettovello había firmado un entendimiento con las universidades públicas para destrabar el conflicto que mantenía en vilo al sistema educativo. Aquel acuerdo puso fin a más de dos años de intensos reclamos, históricas marchas federales, paros y una disputa judicial que recién este jueves encontró su cierre definitivo. El acta histórica fue suscripta por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes, estableciendo una recomposición salarial del 24,33% para el sector.

Qué resolvió la Corte

La causa judicial tuvo su origen en una acción de amparo colectivo impulsada por representantes del CIN y diversas universidades nacionales del país. Con su decisión de hoy, la Corte Suprema dejó firme la medida dictada previamente por la justicia contencioso administrativa federal, la cual ordenaba al Ejecutivo nacional cumplir de inmediato con una parte central de la ley, sin necesidad de esperar la resolución sobre el fondo de la cuestión.

Esa orden judicial específica alcanzó a los Artículos 5 y 6 de la normativa, los cuales hacen referencia a:

La actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.

La recomposición integral de todos los programas destinados a los estudiantes.

La pulseada institucional había sumado tensión cuando el Gobierno nacional decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Tras la insistencia del Congreso para su sanción y posterior promulgación, el Ejecutivo intentó subordinar su aplicación práctica a la determinación de las fuentes de financiamiento. Ante el revés en la Cámara, el Estado recurrió en última instancia a la Corte Suprema, que este jueves terminó por sepultar el planteo oficialista de La Libertad Avanza (LLA)