Lo que comenzó como una discusión por la ocupación de la ribera del río Paraná terminó convirtiéndose en un conflicto político e institucional de alto voltaje. En Candelaria ya no se debate solamente la legalidad de las construcciones sobre la costanera, sino también los límites entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo municipal.

El Honorable Concejo Deliberante decidió avanzar con una de las resoluciones más duras de los últimos años contra la gestión del Ejecutivo local. No sólo ordenó suspender todas las obras que se desarrollan dentro del denominado Camino de Sirga, sino que además declaró la nulidad de cualquier autorización municipal que contradiga el Código Civil y Comercial de la Nación y remitió las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia de Misiones.

La decisión representa una clara escalada política. El Concejo dejó de limitarse a solicitar explicaciones y pasó a cuestionar directamente la legalidad de los actos administrativos que habrían permitido el avance de emprendimientos privados sobre una franja que la legislación nacional considera de uso público.

La Resolución Nº 09/2026 sostiene que en el sector comprendido entre la avenida Costanera y el río Paraná se multiplicaron cabañas, paradores y otras construcciones privadas emplazadas dentro de los quince metros de restricción establecidos por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial, conocido como Camino de Sirga.

Para los concejales, el municipio no puede autorizar intervenciones que afecten un espacio protegido por normas nacionales. Por ese motivo resolvieron ordenar la paralización inmediata de nuevas obras y declarar sin efecto cualquier permiso que contradiga ese régimen jurídico.

Pero el aspecto más delicado del documento no pasa por las construcciones, sino por las críticas dirigidas al Departamento Ejecutivo.

En los fundamentos de la resolución, el Concejo afirma que el intendente y sus funcionarios habrían desoído reiterados pedidos de informes aprobados por el cuerpo deliberativo para conocer bajo qué criterios se otorgaban las autorizaciones sobre la costa.

Esa conducta es presentada como un desconocimiento del rol institucional del Concejo y un obstáculo para ejercer su función de control, una acusación que profundiza la confrontación entre ambos poderes municipales.

Los ediles incluso sostienen que la falta de respuestas podría configurar una situación de gravedad institucional, razón por la cual decidieron enviar copia certificada del expediente al Superior Tribunal de Justicia para que analice el caso.

Al mismo tiempo notificaron formalmente a la Entidad Binacional Yacyretá, al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y a la Prefectura Naval Argentina, organismos que también poseen competencias sobre la zona ribereña.

Desde el Concejo aclararon que la resolución no implica ordenar demoliciones ni intervenir directamente sobre las obras existentes. Su objetivo, señalaron, es garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y proteger un espacio que consideran parte del dominio público.

No obstante, el comunicado difundido en las últimas horas también deja un mensaje político: el cuerpo deliberativo remarca que actuó luego de recibir reclamos de vecinos y que continuará revisando toda la normativa municipal vinculada a este tipo de emprendimientos para otorgar mayor seguridad jurídica.

La disputa ocurre en un contexto donde los concejos deliberantes comenzaron a recuperar protagonismo institucional frente a ejecutivos municipales que durante años concentraron buena parte de las decisiones políticas y administrativas.

En Candelaria, ese proceso quedó expuesto con una resolución que no sólo cuestiona permisos de construcción, sino también la forma en que el Ejecutivo respondió —o dejó de responder— a los mecanismos de control previstos por la Carta Orgánica y el funcionamiento republicano.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o si las autorizaciones cuestionadas se ajustan al marco legal vigente. Pero políticamente el escenario ya cambió.

La discusión dejó de ser ambiental para transformarse en un conflicto de poderes que enfrenta al Concejo con el Ejecutivo y que podría convertirse en un precedente para otros municipios ribereños de Misiones, donde el uso de la costa y el respeto al Camino de Sirga también comenzaron a generar controversias.