La promesa sonaba irresistible para quienes llevaban meses o años buscando un trabajo estable. "Junten el máximo que puedan de dinero, así todos van a pasar a planta permanente". Ese fue uno de los mensajes que, según la investigación judicial, utilizó una mujer para convencer a decenas de personas de que entregaran importantes sumas de dinero a cambio de supuestos contratos en organismos públicos de Misiones.
La maniobra, que ya acumula 17 denuncias en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, tiene como principal acusada a una mujer de 40 años que fue exonerada del Poder Judicial en 2023 y que ahora vuelve a estar bajo la lupa por una modalidad prácticamente idéntica.
Tal como adelantó el matutino colega Primera Edición, el domingo pasado, la pesquisa avanza con declaraciones de testigos y producción de pruebas para reconstruir un esquema que habría aprovechado la necesidad de trabajo de personas de escasos recursos.
Según la denuncia, la mujer se presentaba como abogada penalista, perito forense y empleada vinculada al Poder Judicial, asegurando que mantenía contactos políticos y funcionarios capaces de garantizar ingresos a la administración pública.
Las supuestas vacantes incluían puestos en la Municipalidad de Posadas, la Dirección Provincial de Vialidad y el entonces IFAI, actual Instituto Misionero de Agro y Colonización (IMaC).
Pero para acceder a esos cargos había un requisito ineludible: pagar.
La investigación sostiene que cobraba 500 mil pesos por contratos temporarios y exigía desde un millón de pesos para quienes aspiraban a ingresar directamente a planta permanente. En algunos casos, las víctimas terminaron entregando mucho más.
Uno de los episodios que figuran en la causa refleja el nivel de desesperación que atravesaban los damnificados. Una mujer vendió los animales que criaba en su chacra de Nemesio Parma, también comercializó materiales de construcción destinados a ampliar su vivienda y tomó préstamos con financieras, además de pedir dinero prestado a familiares y amigos. Reunió casi tres millones de pesos convencida de que sus hijos finalmente conseguirían un empleo estable.
Nunca recuperó el dinero.
Para hacer creíble la maniobra, la denunciada pedía fotografías del DNI, partidas de nacimiento, certificados de domicilio y otra documentación personal, simulando que formaban parte del expediente administrativo necesario para el ingreso al Estado.
Las transferencias se realizaban mediante billeteras virtuales o depósitos bancarios a cuentas que ella misma indicaba.
Después llegaba una segunda etapa del engaño.
Según la causa, enviaba mensajes con supuestas fechas de ingreso, firmas de contratos, altas administrativas e incluso información sobre futuras liquidaciones de sueldo. Todo estaba diseñado para que las víctimas creyeran que el nombramiento era inminente.
El 15 de mayo organizó incluso una reunión presencial con varios damnificados y sus familiares. Allí respondió preguntas, ratificó que los contratos estaban aprobados y aseguró que sólo restaban trámites administrativos para comenzar a trabajar.
Cuando las fechas prometidas llegaron y nadie fue convocado, comenzaron las dudas.
Las víctimas descubrieron que los funcionarios cuyos nombres mencionaba la mujer ni siquiera existían o desconocían completamente quién era.
Al ser confrontada, la acusada respondió que devolvería el dinero cuando otras personas —supuestamente responsables de aprobar los contratos— le reintegraran las sumas que ella les había entregado.
Ese reintegro nunca ocurrió.
La investigación está a cargo del juez Ricardo Walter Balor y del fiscal René Germán Casals, quienes analizan la documentación, los comprobantes de transferencias, las conversaciones de WhatsApp y los testimonios incorporados al expediente.
La maniobra encuadraría, en principio, en el delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal, aunque el avance de la investigación determinará si corresponde imputar otros delitos vinculados al uso de documentación y a la falsa invocación de influencias dentro de organismos públicos.
Mientras tanto, las víctimas esperan recuperar al menos parte del dinero que reunieron vendiendo pertenencias, endeudándose o recurriendo a familiares, impulsadas por una promesa que nunca existió: la de conseguir un lugar en la administración pública a cambio de pagar por adelantado.
