La Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados expresaron públicamente su respaldo a AMAYADAP, que además dio un paso más y presentó una impugnación administrativa contra la resolución firmada por el ministro de Ecología, Martín Recamán.
El conflicto entre el Gobierno provincial y el sector productivo de Misiones escaló un nuevo peldaño. Lo que comenzó como un rechazo de la industria forestoindustrial al Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), creado por el Ministerio de Ecología mediante la Resolución 182/26, terminó convirtiéndose en un frente común que reúne a prácticamente todo el arco empresario y agropecuario de la provincia.
Pero el planteo ya no se limita a un desacuerdo con una política pública. La entidad sostiene que la resolución es inconstitucional, reclama que sea declarada nula de nulidad absoluta e insanable y dejó formulada la reserva del caso federal, anticipando que, si el Gobierno no revoca la medida, está dispuesta a llevar la discusión hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los tres ejes de la impugnación
El escrito presentado por AMAYADAP desarrolla una fuerte argumentación jurídica que apunta directamente al corazón de la Resolución 182/26.
El primer cuestionamiento sostiene que el RePIA vulnera el principio constitucional de inocencia, ya que obliga a incorporar al registro a personas o empresas que solamente tienen un expediente administrativo iniciado, sin que exista una resolución firme que determine una infracción.
Según la entidad, el solo hecho de aparecer en ese registro implica consecuencias jurídicas y administrativas antes de que el procedimiento concluya, lo que viola el debido proceso y el derecho de defensa garantizados por la Constitución Nacional y la Constitución de Misiones.
El segundo argumento apunta al principio de legalidad. La asociación sostiene que la resolución deja abierta la posibilidad de registrar infracciones no sólo por incumplimientos de leyes específicas, sino también por "normas complementarias", una redacción que consideran imprecisa y que, a su criterio, genera inseguridad jurídica porque habilita sanciones sobre bases poco definidas.
Pero el cuestionamiento más delicado desde el punto de vista institucional es el tercero: la falta de competencia del ministro para dictar una norma de ese alcance.
AMAYADAP sostiene que el artículo 122 de la Constitución Provincial establece que los ministros pueden dictar resoluciones para la organización interna de sus respectivas áreas, pero no crear registros que produzcan efectos jurídicos sobre particulares y empresas.
Por esa razón, afirma que el ministro Martín Recamán no tenía competencia constitucional para crear el RePIA mediante una simple resolución ministerial y que, por ese motivo, la norma resulta inválida.
Un reclamo que excede al RePIA
Aunque el Registro Provincial de Infractores Ambientales es el detonante del conflicto, el documento y los comunicados difundidos por las distintas entidades dejan en evidencia un malestar mucho más amplio con la política ambiental que viene aplicando el Ministerio de Ecología.
En todos los pronunciamientos aparecen las mismas preocupaciones: la burocracia para obtener permisos de uso del suelo, las demoras administrativas, la prohibición del glifosato, las restricciones a las quemas, el Programa Jurisdiccional REDD+ y la falta de participación de las organizaciones productivas en la elaboración de normas que afectan directamente la actividad económica.
La Confederación Económica de Misiones advirtió que el RePIA "condiciona la competitividad" y cuestionó especialmente que puedan incorporarse al registro personas o empresas que todavía no tienen una resolución definitiva en sus expedientes administrativos.
Por su parte, la Sociedad Rural de Misiones sostuvo que las decisiones que impactan sobre la producción deben adoptarse escuchando a los productores y a las entidades que los representan.
La FARM respaldó de manera unánime el comunicado de AMAYADAP y reclamó respuestas urgentes sobre el RePIA, los permisos de uso del suelo, la prohibición del glifosato, las restricciones a las quemas y el programa REDD+, al considerar que todas esas medidas condicionan el desarrollo del sector.
En la misma línea, los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados sostuvieron que esas políticas desincentivan inversiones, afectan la generación de empleo y ponen en riesgo la competitividad de toda la cadena forestoindustrial.
El conflicto se encamina hacia la Justicia
La presentación de AMAYADAP deja en claro que el sector no pretende únicamente abrir una instancia de diálogo político.
El escrito solicita la revocación inmediata de la Resolución 182/26 y, si eso no ocurre, anticipa que recurrirá al gobernador de Misiones, promoverá una acción de amparo y agotará todas las instancias judiciales disponibles, incluida la vía federal.
De esta manera, el debate sobre el RePIA dejó de ser una discusión administrativa para convertirse en uno de los conflictos institucionales más importantes que enfrenta actualmente el Ministerio de Ecología. Por primera vez en muchos años, prácticamente todas las entidades representativas del sector empresario, forestal y agropecuario de Misiones confluyeron en una misma posición para cuestionar una política pública provincial, tanto desde el plano político como desde el jurídico.
