Amanda Álvarez, del centro CADIFU, denunció que el programa Incluir Salud, que depende del Ministerio de Salud de Nación y otras obras sociales acumulan hasta siete meses de atraso en los pagos. Aseguró que sostienen el servicio con tomas de deudas personales, para no afectar el sueldo de sus empleados y los 150 pacientes que atienden en Misiones, pero afirmó que ya no pueden aguantar más.

La situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad alcanzó un punto crítico en todo el país, y Misiones no escapa a esa situación. Centros de día, transportistas y profesionales independientes enfrentan un atraso en el cobro de sus prestaciones de hasta siete meses, por parte de programas nacionales y obras sociales, lo que pone en jaque la continuidad de las terapias para los pacientes y la fuente laboral de los profesionales que los atienden. Amanda Álvarez, responsable del Centro de Atención a la Diversidad Funcional (CADIFU), con sedes de atención en Candelaria y San Javier, viajó a Buenos Aires para reclamar los pagos y volvió sin respuestas positivas y además de un panorama absolutamente desolador.

La referente del centro, explicó que la deuda principal proviene del programa Incluir Salud, que depende del Gobierno nacional. Tras una reunión en la capital del país, la respuesta que recibió fue contundente y negativa. “Bajó una persona a atendernos, nos dijo que no había fecha de cobros, que no tenían idea, que creen que no van a pagar. Así que estamos muy preocupados, muy afligidos con esta situación, porque acá estamos hablamos de personas vulnerables que necesitan ser atendidas, necesitan su rehabilitación”, afirmó Álvarez.

La responsable de CADIFU detalló el impacto directo que tendría un cese de actividades sobre sus concurrentes, muchos de los cuales se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. “Nosotros brindamos transporte, brindamos almuerzo, en muchos casos te puedo garantizar que es la única comida del día, el desayuno y el almuerzo que tienen con nosotros. Así que la preocupación es enorme, estamos en un estado de alarma y de emergencia importante”, sostuvo.

A diferencia de instituciones de otras provincias que ya suspendieron los servicios, CADIFU decidió continuar con las puertas abiertas por el momento. Sin embargo, Álvarez aclaró que la decisión no se debe a una mejora en las condiciones, sino a un esfuerzo para no perjudicar a los pacientes. “Decidimos no parar actividades momentáneamente. Mientras podamos cubrir con la ayuda que estamos recibiendo de mi familia y de otros grupos los servicios de los chicos”, puntualizó.

“Una política fríamente calculada”

Para sostener el funcionamiento del centro, que emplea a 70 personas entre profesionales, administrativos y personal de maestranza, los directivos recurrieron a fondos propios y a créditos. “Los que estamos a cargo de instituciones estamos muy endeudados porque hemos contraído deudas personales para pagar los sueldos de nuestra gente”, confesó Alvarez. Ante esta situación, advirtió que el límite es inminente y que ya no tienen más margen para seguir. “Ya no hay más para aguantar. Yo creo que este es el último mes”, sentenció.

Desde su perspectiva, la falta de pago no es una simple demora administrativa, sino una estrategia deliberada del Gobierno nacional. “Mi apreciación personal es que esto es una política fríamente calculada, están ahogando a las instituciones para que cierren centros con la desinteligencia de no entender que una persona con discapacidad no atendida a tiempo es un gasto mucho más grande para el Estado porque necesita luego una asistencia distinta, una internación en un hospital público, porque obviamente hablamos de personas vulnerables que no tienen recursos”, consideró.

El centro atiende a 150 personas con diversas discapacidades, desde el nacimiento hasta la vida adulta, que provienen de localidades como San José, Apóstoles, San Ignacio, Candelaria, San Javier e Itacaruaré.

El pedido a los legisladores misioneros

El problema no se limita al programa Incluir Salud. Álvarez denunció que otras obras sociales, como la del Servicio Penitenciario Federal, también acumulan deudas millonarias. “Hay una obra social nacional con la que trabajamos que nos debe 40 facturas y vengo de Buenos Aires, fuimos a hablar con la responsable de discapacidad y nos dijo que no tenían plata, que Nación no le mandaba. Por lo cual ellos no pagaban”, relató. Además, señaló que los montos que les adeudan están desactualizados y que la actualización propuesta por el Gobierno es de hace un año y presenta fallas técnicas para su facturación.

Finalmente, la responsable de CADIFU manifestó su preocupación por las declaraciones del vocero presidencial y jefe de gabinete sobre la Ley de Discapacidad e hizo un pedido directo a los representantes de la provincia en el Congreso. “Ayer se puso sobre la mesa nuevamente la nulidad de la Ley de Discapacidad y necesitamos, aprovecho este espacio para pedir a los legisladores nacionales de la provincia de Misiones, diputados y senadores, que por favor nos apoyen, porque Adorni ya anunció vía Twitter que van a buscar la nulidad de la ley”, concluyó.