La gestión de Alfonso Peña al frente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) duró poco, pasó casi desapercibida en términos de gestión real, pero estuvo rodeada de ruidos, internas y escándalos que finalmente dejaron expuesto su desgaste. Este miércoles, el Gobierno nacional oficializó su reemplazo mediante el Decreto 15/2026 y colocó en su lugar a Diego Luis Adúriz, hombre con trayectoria en el sector energético y cercano al círculo del ministro Luis “Toto” Caputo.

El corrimiento de Peña no sorprendió dentro del organismo ni en el entramado político que sigue de cerca los manejos de la represa. Su paso por la Dirección Ejecutiva estuvo marcado por una sucesión de polémicas que se acumularon sin que lograra consolidar liderazgo, presencia institucional ni resultados visibles. Fue, en la práctica, una gestión deslucida, sin iniciativas relevantes, pero con fuertes cuestionamientos administrativos y políticos.

Uno de los episodios que más lo debilitó fue el escándalo por la contratación y posterior retiro anticipado —por segunda vez— de la abogada Dolores Dolberg, figura vinculada al macrismo. La maniobra violaba explícitamente una cláusula de la resolución 18.594/2018, que prohibía volver a contratar a quienes se habían retirado bajo ese régimen. Dolberg había cobrado beneficios millonarios durante años y volvió a ser recontratada por Peña en 2024 para acceder a un nuevo retiro por cifras aún más altas. El caso desató una ola de críticas y tensiones internas que golpearon de lleno a la conducción.

A eso se sumaron denuncias por contrataciones polémicas, vínculos profesionales cruzados —Dolberg era, además, abogada personal de Peña—, y la reaparición de viejos antecedentes del director en empresas vinculadas al macrismo, obras públicas y litigios judiciales. Su perfil bajo, casi invisible en la agenda institucional, contrastaba con la magnitud de los conflictos que rodeaban a la EBY.

El desgaste se profundizó cuando el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lo intimó públicamente a garantizar la transferencia de terrenos costeros en Posadas, en medio del conflicto por las intimaciones a clubes náuticos en la bahía El Brete. La Provincia acusó al organismo de intentar avanzar hacia una privatización encubierta y exigió definiciones. Peña no logró dar respuestas políticas ni administrativas sólidas, lo que lo dejó aún más expuesto frente a la Casa Rosada.

Tampoco se reactivaron con fuerza las obras de Aña Cua a pesar de la necesidad energética del país y los anuncios de reactivación.

Su salida, sin embargo, no es una expulsión completa del esquema: continuará como consejero hasta 2027. Una señal de que, pese al ruido, el Gobierno optó por protegerlo dándole continuidad en el abultado sueldo en dólares que recibe.

En su lugar asumirá Diego Luis Adúriz, hasta ahora integrante del Consejo de Administración de la EBY. Técnico del riñón del equipo económico y con vínculos directos con Caputo, Adúriz representa un giro hacia un modelo de mayor control político y financiero de la represa, un espacio clave por volumen de recursos y por su peso en la relación bilateral con Paraguay.

El decreto también incorporó a Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como nuevo consejero, completando un rediseño del esquema de conducción que, más que un simple recambio, consolida el avance del ala libertaria-caputista sobre una de las cajas más sensibles del Estado.

Mientras tanto, el paso de Peña queda como una gestión breve, errática y marcada por controversias que nunca logró explicar del todo. Se va sin pena ni gloria, dejando atrás más preguntas que logros, y confirmando que el escenario interno de Yacyretá sigue siendo un territorio de fuertes disputas de poder.