Por Matías Blanco*

Esta semana, las calles de todo el país se volvieron a volcar y atestar de personas que salieron a reivindicar la defensa, importancia y la proyección de la universidad pública si se desea moldear a Argentina como un país poseedor de un futuro con desarrollo científico y movilidad social ascendente.

La convocatoria del pasado martes —la cuarta de carácter federal— desde que Javier Milei se sentó en el Sillón de Rivadavia el 10 de diciembre de 2023, completó una voluminosa convocatoria de un millón y medio de ciudadanos a lo largo y ancho del portentoso territorio celeste y blanco.

Posando la atención exclusivamente en la afluencia popular de nuestra Posadas, medios colegas reportaron que a partir de las 14 horas del martes 12 se contabilizaron hasta 7 cuadras de marcha (equivalente a la superación del millar de ciudadanos) que se desplazaron hasta la Plaza 9 de Julio para entonar el himno nacional y audicionar la lectura de un documento suplicante de colocarle un fin al ajuste tan desproporcionado como sistémico sobre la educación pública superior.

Que en la capital misionera se registre un movimiento ciudadano desencadenante de que las personas abandonen la tranquilidad de sus casas para tomar las calles en un número por encima de las 1000 dentro de «una plaza» tradicionalmente poco afecta a las movilizaciones callejeras de masas, quiere decir que se está en presencia de un reclamo de características inequívocas de transversalidad y trascendencia para un pueblo parsimonioso acostumbrado «a estirar la cuerda» del día a día sigilosamente en medio de un contexto con tantas dificultades simultáneas.

En efecto, el desarrollo y concreción de un título universitario es la puerta infranqueable hacia un camino de superación personal. Las abuelas, contenedoras de una sabiduría consistente e invariable frente a la volatilidad de las utilidades efímeras de la tecnología de punta contemporánea, repetían con total asertividad: «Estudien porque el título es el único marido o la única esposa que nunca los va a dejar».

Sin lugar a dudas, la profundización de los procesos educativos, ya sean individuales o grupales, contribuye a la creación de una ciudadanía audaz, transparente e independiente, ya sea en los ámbitos económicos, políticos o sociales. Quien atente contra la instrucción global o bien obstruya los mecanismos para que la universalidad de la educación se palpe en un entramado social, evidentemente persigue la pretensión de crear comunidades «mansas» o dúctiles en su administración del asunto público para la proliferación de intereses determinados —que en singulares ocasiones pueden no tener vinculación alguna con el bienestar general de las sociedades—.

Ahora bien, ¿por qué la universidad pública es uno de los blancos dilectos donde el Gobierno nacional libertario dispara sus dardos de eficientización estatal? Recurriendo a flashbacks, en la campaña electoral 2023 Javier Milei, junto a otros referentes del libertarianismo, siempre referenciaron a las universidades como «antros de adoctrinamiento», «conchabos del conurbano», aludiendo a las universidades creadas en esa geografía de la provincia de Buenos Aires durante el transcurso de las administraciones kirchneristas.

Otro de los epítetos lanzados por los leones liberales para estos claustros académicos fue que también sirvieron de «usina de candidatos» debido a las figuras que de los pasillos universitarios posteriormente emergieron a la encarnación de líderes de proyectos políticos progresistas.

Hay que decirle a los «libertos» que los asiste la razón. No porque las universidades nacionales públicas hayan funcionado como «semillero de kukas», sino porque educar es un acto político asumido por el Estado argentino desde que sancionó la Ley de Educación Común N.° 1420, aprobada en 1884 durante la presidencia de Julio Argentino Roca (prócer «despreciado» según Milei), que estableció la educación primaria universal para niños de 6 a 14 años.

Mucho más acá en el tiempo, el gobierno de otro rockstar alabado por el mileísmo (Carlos Saúl Menem) aprobó en 1995 la Ley de Educación Superior N.° 24.521, imponedora de las normas de funcionamiento de las casas de estudios superiores y terciarios, ya sean públicas o privadas.

En esta legislación se instituyó el acceso inclusivo a la universidad para todas las personas mayores de 25 años que no hayan culminado su trayectoria de saberes secundarios, siempre y cuando demuestren la madurez adecuada para hacerlo.

Control y Auditoría: La supervisión externa de las universidades es competencia de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Garantía Estatal: Instaura a la educación superior como una obligación y responsabilidad indelegable del Estado.

Como se observa, la educación es un acto político y, como cada acción política puede estar dominada por la subjetividad, si se comprobara que la impartición de preceptos filosóficos o ideológicos se impusiera al saber epistemológico, en todo caso se debiera instar a los educadores a reformular prácticas y enseñar programas que prioricen los contenidos esenciales.

Nada de eso han hecho «el Javo» y sus partidarios, sino que lo único que pusieron en práctica fue una poda desenfrenada de recursos que en estos dos años y medio de gestión alcanzó un 45% menos de los insumos que recibían las universidades nacionales con anterioridad a diciembre de 2023.

Si se lo mide en términos del salario docente, de acuerdo a las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), los educadores vieron esquilmados sus ingresos hasta en un 50%.

Con el objetivo de paliar el desfinanciamiento, en 2025 el Congreso de la Nación votó una ley de emergencia para el financiamiento universitario que el jefe de Estado, Milei, vetó sin miramientos y el Parlamento restituyó ante la veda presidencial. Ceñida en no cumplir la normativa, la gestión violeta apeló judicialmente esa legislación refrendada; como la Justicia le devolvió un fallo que le impone el cumplimiento inmediato, desde Nación decidieron sacar el as bajo la manga de un «decreto de aplicación suspensiva» con la argucia de que, para implementar la normativa, el Congreso debe explicar su «fuente de financiamiento». Frente a eso, y tras otro espadeo tanto legislativo como judicial con el Presupuesto 2026 de fondo, Javier Milei tomó la friolera decisión de llevar la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una Corte que se expresa hastiada de que «la política lleve a los estrados conflictos que debiera resolver por sí misma», con lo cual es de esperar que para fallar demore más que la tortuga en la carrera contra la liebre.

Mientras tanto, en el mundo real, alejado de la remake de Las crónicas de Narnia que protagonizan los cortesanos supremos, la destrucción por goteo de la universidad pública de calidad sigue de forma imparable.

De acuerdo a las palabras de Simes, en la UNaM han tomado recortes administrativos y hasta de personal de limpieza para usufructuar los raquíticos ingresos, demostrando que la conflictiva decisión universitaria no solo achata los salarios docentes, sino que jaquea arteramente tanto la trayectoria como el sueño de miles de estudiantes.

Sergio Katogui —actual vicerrector de la UNaM y próximo rector desde julio en reemplazo de Alicia Bohren— señaló que, a pesar de la crisis multidimensional, la casa de altos estudios misionera alcanzó un récord de ingresantes este año. Esta es una clara muestra de que la universidad pública sigue siendo, a pesar de la andanada de ataques discursivos y presupuestarios, la principal herramienta de ascenso social para jóvenes y sus familias.

«La educación pública superior no debe depender de la situación económica de cada estudiante», señaló Katogui y avisó que siempre «defenderá una sociedad donde la educación no sea un privilegio sino un derecho».

Esta universidad pública que en Misiones ha alumbrado profesionales de la ingeniería forestal y agrónoma para el crecimiento de las economías insignias del circuito productivo provincial.

Una universidad pública fortalecida no nos empobrecerá, sino que desarrollará a la Argentina en su conjunto. También otro hito incuestionable de su infalibilidad en la provincia es la prestigiosa carrera de Licenciatura en Genética de la UNaM —que ha cumplido 50 años en 2025— y acerca a la tierra colorada a estudiantes de todo el país y Latinoamérica íntegra con el objetivo de formarse en esta disciplina tan apasionante como compleja de las ciencias naturales.

El redactor de estas líneas conoce de cerca sus atributos por tener una hermana que estudia esta carrera, lo que provoca mi encendida defensa a la universidad pública a pesar de haber caminado una trayectoria en un terciario de gestión privada.

¿Qué responde LLA frente a estos argumentos consistentes? Bravuconadas como «no se dejan auditar» (falsedad explicada en este texto), «santuario de curros» a pesar de que en casi 3 años de gobierno no hayan podido hallar ninguno, dicho de su propia boca por el subsecretario nacional de Políticas Universitarias, Alejandro «Galleguito» Álvarez.

Por eso no hay que dejar de soñar con la frase «mi hijo el doctor» y hay que seguir engrandeciendo la tierra que alumbró a 5 premios nobel. Reivindiquemos todos y cada uno de los días el derecho a ser un pueblo audaz, sagaz, formado y decisor, tan absolutamente consciente como independiente de sus destinos.

No nos angustiemos y no dejemos de lado la perseverancia; el mañana mejor que Argentina merece reside en las manos de sus ciudadanos. Todo depende de la responsabilidad y voluntad cívica. Que no se nos olvide nunca.

*Periodista