Justicia embargaría a Musimundo y trabajadores aguardan cobrar sus deudas

El conflicto derivado del cierre intempestivo de las sucursales de Musimundo dio un giro determinante en el plano judicial. La Justicia de la provincia del Chaco resolvió avanzar formalmente con el proceso de quiebra de Carsa S.A., la firma vinculada a la tradicional cadena de venta de electrodomésticos, tras desestimar la continuidad del concurso preventivo con el que la compañía pretendía renegociar sus pasivos.

La medida impacta de manera directa sobre 110 trabajadores en la provincia de Misiones, de los cuales 25 corresponden a la capital provincial, según confirmó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CECP).

Un desenlace precipitado por el impacto mediático

La resolución judicial se conoció tras semanas de tensión e incertidumbre, marcadas por la clausura repentina de sucursales, despidos informados en primera instancia de forma verbal y la inasistencia de los representantes de la firma a la audiencia fijada en el Ministerio de Trabajo provincial.

De acuerdo a lo expresado por el dirigente sindical en declaraciones a FM 89.3 Santa María de las Misiones, la difusión de la crisis en el territorio misionero resultó decisiva para el dictamen del tribunal:

“Producto de la información que trascendió en los medios sobre los despidos que se dieron en la provincia y los cierres intempestivos, de la manera en que se llevaron adelante, deciden directamente quebrar la empresa”, explicó Gómez.

A partir de la declaración de quiebra, la Sindicatura interviniente inició el procedimiento legal para identificar, resguardar y liquidar el patrimonio disponible de Carsa S.A. en la región. Las actuaciones incluyen el secuestro de flota vehicular, el embargo de cuentas bancarias y la faja de locales a lo largo del Nordeste Argentino (NEA).

Mapeo del conflicto y el marco legal

En Posadas, el repliegue de la cadena derivó en la bajada de persianas de los céntricos locales ubicados sobre la avenida Uruguay y la calle Bolívar. El impacto se extiende de manera simultánea a varias localidades del interior misionero, al igual que a sucursales radicadas en Chaco, Corrientes y Formosa.

Desde la asesoría jurídica del CECP confirmaron que ya se encuentran consolidando los legajos para la presentación de las acreencias ante la Sindicatura en Chaco. La presentación comprenderá salarios adeudados, liquidación de vacaciones, aguinaldos y las indemnizaciones correspondientes, de acuerdo a la antigüedad acumulada por cada trabajador.

Dado el carácter alimentario que la ley otorga a las acreencias laborales, los créditos de los trabajadores mantendrán prioridad de cobro sobre la masa de fondos que resulte de la venta o ejecución de bienes.

Dramática situación familiar e incertidumbre en el sector

Pese al inicio de la etapa de ejecución de bienes, la transición hacia los plazos judiciales prolonga la falta de liquidez inmediata para las familias afectadas.

En el plano cotidiano, el gremio advierte sobre la vulnerabilidad financiera en la que quedaron sumidos los exempleados tras el cese repentino de haberes:

“El jueves estuvimos en el Ministerio y algunos me decían: ‘Agustín, debo la luz, el agua, la tarjeta, no tengo ningún peso, no tengo para la comida de mis hijos’. Es una preocupación muy compleja la de cada uno de ellos”, relató Gómez.

La inquietud se profundiza al considerar antecedentes inmediatos en el interior provincial. En Eldorado, exempleados desvinculados en etapas previas habían suscrito acuerdos indemnizatorios en 12 cuotas, cuyos primeros compromisos de pago terminaron incumplidos por la empresa.

Finalmente, desde la conducción del CECP señalaron que el escenario general del comercio minorista atraviesa tensiones operativas persistentes, por lo que no descartan la aparición de nuevos conflictos laborales en el sector durante los próximos meses.