El estado ausente financiará la supervivencia

Por Martín Lozina*

La Argentina asiste a un experimento socioeconómico tan agresivo como teóricamente contradictorio. Bajo la promesa de una libertad abstracta y la demonización absoluta de lo público, el modelo neoliberal implementado por el gobierno avanza con una motosierra desbocada sobre las estructuras institucionales que garantizan la cohesión social.

La consigna oficial es clara: demoler al Estado para que el mercado asigne los recursos de forma "eficiente". Sin embargo, lo que los manuales liberales omiten deliberadamente es que los mercados no tienen empatía, no crean empleo genuino por mera inercia desreguladora y, sobre todo, no sostienen el consumo de una sociedad empobrecida cuando el sistema colapsa.

La actual política gubernamental en contra del Estado, que abarca desde el vaciamiento del sistema de salud y la desfinanciación de la universidad pública, hasta la desarticulación de los sectores industriales internos, no está generando el prometido oasis de inversión privada. Por el contrario, está empujando a la intemperie a millones de ciudadanos.
En una economía históricamente caracterizada por la informalidad laboral y la destrucción del poder adquisitivo, retirar la red de contención pública no es un acto de orden fiscal ni de audacia económica; es, lisa y llanamente, un abandono de deberes históricos. Se destruye el tejido productivo bajo el supuesto dogmático de que el mercado se autorregula, ignorando que una economía sin demanda interna es una economía muerta.

Lo verdaderamente irónico de esta cruzada anti-Estado es el escenario futuro hacia el que este mismo modelo nos empuja. Los defensores del libre mercado absoluto en Argentina suelen apelar a los economistas del libre mercado como si fueran infalibles, pero seleccionan qué páginas leer. El liberal Milton Friedman comprendía que el capitalismo de libre mercado genera desajustes y exclusión que el propio mercado no puede resolver por sí mismo.

En su obra Capitalismo y Libertad (1962), Friedman propuso una alternativa revolucionaria para su época: el Impuesto Negativo sobre la Renta. Su argumento era estrictamente pragmático: en lugar de mantener una burocracia estatal compleja encargada de otorgar subsidios condicionados, el Estado debía garantizar de forma directa y automática una transferencia monetaria incondicional en efectivo a cualquier ciudadano cuyos ingresos cayeran por debajo de un umbral mínimo.

Friedman explicaba "El impuesto negativo sobre la renta proporciona apoyo a las familias pobres basándose exclusivamente en su nivel de ingresos, en dinero en efectivo, que es la mejor forma de apoyo… y podría sustituir a la totalidad de los programas de bienestar existentes".

Décadas antes de la actual discusión global, un ícono del liberalismo económico ya admitía que el capitalismo requería una red de seguridad monetaria financiada por el sector público para mantener la libertad individual y el dinamismo del consumo. Del mismo modo, el liberal Thomas Paine, en Justicia Agraria (1797), argumentaba que la tierra y los recursos naturales son propiedad común de la humanidad, por lo que cada ciudadano tiene el derecho natural a recibir una renta anual financiada por el Estado como compensación.

Mientras el gobierno insiste en recetas del siglo XIX, el mundo real avanza. Con la inteligencia artificial, la automatización industrial y la robótica transformando los procesos productivos, la idea de que "el que no trabaja es porque no quiere" se convierte en un anacronismo cruel. El mercado laboral tradicional ya no es capaz de absorber a la masa de población económicamente activa. La precarización no es una anomalía transitoria del modelo, es su consecuencia estructural.

Es en este preciso cruce de caminos donde el debate sobre la Renta Básica Universal muta de teoría utópica a necesidad de supervivencia sistémica. Incluso referentes de Silicon Valley y economistas liberales admiten que, en un mundo donde el empleo formal se contrae y la riqueza se concentra de forma extrema, será indispensable inyectar un ingreso ciudadano mínimo para sostener la demanda agregada. Sin consumo, el capitalismo de mercado carece de sentido operativo, nadie puede comprar los productos de las empresas si carece de ingresos elementales.

Y aquí es donde la trampa retórica del gobierno argentino estalla por los aires:

¿Quién va a financiar, recaudar, auditar y distribuir esa renta básica universal para evitar que la población caiga en la indigencia absoluta y las calles se conviertan en un escenario de conflicto permanente? El Estado.

Aquí radica la gran contradicción del neoliberalismo argentino. En su afán por agradar a los mercados financieros y cumplir con metas fiscales ciegas a la realidad humana, desmantelan el andamiaje público, pulverizan las instituciones de control, destruyen el empleo formal y precarizan la vida. Sin embargo, el desenlace inevitable del caos social y económico que están sembrando requerirá, tarde o temprano, que el Estado actúe como el "pagador de última instancia" para garantizar la mera subsistencia de la población.

Al final del camino, la fantasía del libre mercado puro y desregulado termina golpeando la puerta del despacho público para pedir auxilio. El drama histórico de la Argentina es que, para cuando los dogmáticos de turno acepten esta realidad, el tejido social estará tan profundamente roto que una Renta Básica Universal no será una herramienta de emancipación o progreso, sino apenas un respirador artificial de emergencia para una sociedad que ellos mismos, por ceguera ideológica, decidieron asfixiar.

Es aquí, donde se revela el núcleo de la falacia liberal: vender el desmantelamiento del Estado como la emancipación definitiva de las fuerzas productivas, cuando en realidad solo se está pavimentando el camino hacia una dependencia estatal mucho más dramática, urgente y asistencialista.

El discurso oficial promete romper las cadenas del intervencionismo, pero su praxis genera las condiciones de una crisis tan profunda que volverá al sector público completamente indispensable para la subsistencia básica. Al pulverizar el empleo y el salario, el mercado se dispara en el pie.

Sin consumidores con capacidad de compra, las empresas no tienen a quién vender, obligando a que sea el Estado el que inyecte el dinero mínimo para que el propio capitalismo no muera por inanición. Despojar a los ciudadanos de salud, educación y empleo no los vuelve emprendedores autónomos, los convierte en rehenes de la urgencia, una sociedad empujada a la indigencia no elige libremente, simplemente sobrevive.

En última instancia, el experimento actual no conduce a una Argentina pujante y autosuficiente, sino a una distopía donde el Estado, luego de haber sido demonizado y vaciado, deberá volver a escena de apuro. No lo hará para planificar el desarrollo estratégico, la ciencia o la infraestructura, sino para la tarea más degradante a la que se puede someter a una gestión pública: administrar la miseria de un país quebrado.

Históricamente, cada vez que el libre mercado absoluto colapsa bajo el peso de su propio dogma, son los recursos públicos los que salen a rescatar los escombros. Desgarrar el tejido social bajo la promesa de una libertad abstracta, para terminar financiando la supervivencia elemental, es la confirmación definitiva de que, incluso para el libre mercado, el Estado es el único límite real entre el orden social y el abismo.

*Periodista